El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha acordado posponer a diciembre la declaración, en calidad de testigo, de la actual primera teniente de alcalde delegada de Hacienda del Ayuntamiento de la capital y edil de Empleo en el anterior mandato, Blanca Torrent, dentro de las diligencias de la causa de Infraestructuras, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de dicha área.
Según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la declaración de Torrent será el día 18 de diciembre tras estar fijada inicialmente para el día 29 de noviembre, a la vez que declararán el día 11 de diciembre el titular de la asesoría jurídica y la interventora y el día 11 de enero, el coordinador general del Consistorio, junto a dos agentes de Policía Nacional.
Entretanto, el juez José Luis Rodríguez Lainz mantiene para el día 17 de noviembre las declaraciones como investigados del exedil del ramo David Dorado, la ex coordinadora general y cuatro personas más.
Hace unas dos semanas, la Policía Nacional ha detenido a seis personas, entre ellas un funcionario de la Delegación de Infraestructuras y empresarios las restantes, y ha investigado a dos personas, una de ellas la ex directora general de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consistorio, supuestamente relacionadas con la causa.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, al tiempo que han apuntado que los detenidos por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y los investigados han quedado en libertad con cargos tras ser puestos a disposición judicial.
Están acusados de la supuesta comisión de delitos de cohecho, fraude a la administración, falsedad documental y pertencia a organización criminal. Según recogen las diligencias, entre otras actuaciones, supuestamente se realizaron trabajos de jardinería en el chalet del hermano de la ex directora general "a coste del Ayuntamiento".
PRESUNTAS FACTURAS FALSAS
En este caso, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal han detenido desde principios de este año a más de una decena de empresarios dentro de las diligencias del caso, supuestamene relacionados con la tramitación de presuntas facturas falsas.
Al respecto, los detenidos han quedado en libertad con cargos y están acusados de la supuesta comisión de delitos de fraude a la administración, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, además de uno de ellos por supuesta comisión de delito de obstrucción a la justicia.
En concreto, dos de los empresarios han facturado al Ayuntamiento más de 3,5 millones de euros de 2020 a 2022, según las primeras pesquisas. Y otro empresario presuntamente ha emitido facturas falsas por unos 80.000 euros durante ocho meses del año 2021 y relacionadas con trabajos de jardinería, carpintería y otros vinculados a la Delegación de Infraestructuras.
