Tras más de dos meses sin dar respuesta, la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado que no investigará la denuncia de Facua al Córdoba CF por la venta irregular de entradas y deficiencias en el control del aforo para el partido de su filial frente al Real Jaén disputado en Lucena el día 11 de septiembre. La asociación ha decidido, ante esta respuesta, denunciar ahora ante el Consejo Superior de Deportes la inacción de la Federación, que es quien organiza y tutela los encuentros pertenecientes a la categoría de Segunda División B, según un comunicado de la asociación que preside Francisco Martínez Claus.
En septiembre pasado, Facua Córdoba presentó denuncias ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, ante la Liga de Fútbol Profesional y también ante la Real Federación Española de Fútbol. La asociación alertaba en ellas de que el club blanquiverde había vendido entradas al precio de 10 euros para el partido del Grupo IV de Segunda División B, disputado en Lucena entre el Córdoba B y el Real Jaén, que carecían de cualquier tipo de numeración y control. Un extremo que posteriormente el propio presidente del club admitió en un programa de radio.
Así, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía decidió incoar expediente sancionador al club cordobesista por vulnerar la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Por su parte, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) anunció, por contra, que se inhibía porque la "organización y tutela de la tan repetida Segunda División B le corresponde a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)".
La respuesta remitida ahora por ésta a la asociación destaca que, si bien es cierto que la RFEF es la encargada de organizar la competición, dicha organización "corresponde únicamente a aspectos administrativos (envío de colegiados, diligencia de las oportunas licencias de participación a los futbolistas o determinación de horarios)".
Potestad disciplinaria
En este sentido Facua Córdoba señala que la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, en su artículo 74.1, "atribuye la potestad disciplinaria a sus titulares legítimos la facultad de investigar y, en su caso, sancionar o corregir a las personas o Entidades sometidas a la disciplina deportiva, según sus respectivas competencias". Así mismo, el artículo 74.2.c, establece que "el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponderá a las Federaciones deportivas españolas, sobre: Todas las personas que forman parte de su propia estructura orgánica; los Clubes deportivos y sus deportistas, técnicos y directivos; los jueces y árbitros, y, en general, todas aquellas personas y Entidades que, estando federadas, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito estatal".
Así las cosas, y en el supuesto que la RFEF no tuviera facultades para hacerlo y debida a la colaboración que tiene asumida con la Administración, según señala la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, ésta deberá dar traslado de la denuncia al órgano competente. Un recurso al que, a juicio de FACUA Córdoba, la asesoría jurídica de la RFEF ha evitado acogerse.
Investigar los hechos
Que después de lo anterior, la asociación considera que es indiscutible que la labor de organización competicional incluye aspectos de control y tutela por parte de la RFEF para el buen funcionamiento de la competición; y que aun siendo los clubes los responsables de la organización de los partidos, resulta evidente que la RFEF tiene asumidas sobre estos potestades concretas que incluirían la de investigar los hechos denunciados.
El propio Código Disciplinario de la RFEF en su Artículo 5.1, sobre Compatibilidad, señala que "el régimen disciplinario deportivo es independiente de la responsabilidad civil o penal...". Además, el artículo 5.3 contempla "la imposición de sanciones en vía administrativa, conforme a lo previsto en la Ley del Deporte y disposiciones de desarrollo para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, no impedirá, en su caso y atendiendo a su distinto fundamento, la depuración de responsabilidades de índole deportiva, sin que puedan recaer sanciones de idéntica naturaleza".
Por todo ello, y entendiendo FACUA Córdoba que la RFEF no está asumiendo sus responsabilidades en materia organizativa y de tutela de la competición, es por ello que la asociación ha dado parte al Consejo Superior de Deportes, órgano del que depende la Federación.
Entradas a 10 euros
Las entradas para el evento, sin excepción de edad, fueron vendidas al precio de 10 euros. La asociación pudo constatar que las entradas vendidas por el Córdoba CF carecieron de cualquier tipo de numeración y control, algo que el propio presidente del club admitió.
Facua sostiene que ello vulnera el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. En su artículo 19, relativo a las entradas y localidades expedidas por los organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas, se especifica que éstas deberán indicar, al menos, "el número de orden conforme al aforo autorizado del establecimiento".
Asimismo, el Córdoba CF habría incumplido también el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en su artículo 18, donde se establece entre otras cosas, que "los billetes de entrada deberán estar correlativamente numerados por clases y corresponder los números de las matrices con los de las entradas".
