Los registros más trágicos de la Dirección General de la Guardia Civil ponen de relieve el número de agentes que decidieron quitarse la vida. Un total de 216 guardias civiles en los últimos 17 años –entre 2005 y 2022–, según ha destacado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Córdoba en un comunicado, antes de señalar que en la provincia en los últimos años "sólo tenemos confirmados tres casos, pero el problema es que no se facilitan datos oficiales desglosados por provincias".
Se trata de una cifra superior a la de agentes asesinados por la banda terrorista ETA –210– en toda su campaña de atentando sangrientos.
Este drama incesante golpeó más fuerte en los años 2005, 2008 y 2021, pero en cada uno de los años que recoge la estadística ha habido que lamentar fatales desenlaces. Se trata de una lacra que hay que atajar de todos los modos posibles y la AUGC lleva insistiendo desde 1994 para que se aborde de forma urgente, mediante una comisión de estudio multidisciplinar y no únicamente con los mecanismos internos de la Guardia Civil.
La Institución activó el II Plan de Prevención de Conductas Suicidas, vigente entre 2005 y 2009, y habilitó un protocolo en 2018 para adoptar medidas específicas psiquiátricas, psicológicas y de conductas anómalas. Sin embargo, el problema sigue latente y no cabe restarle importancia, postura que ha adoptado tradicionalmente la Dirección General de la Guardia Civil.
La AUGC lleva años reclamando diferentes medidas, son necesarios armeros en todas las dependencias de la Guardia Civil, así como la ayuda psicológica, la externalización y refuerzo de los servicios de psicología, y normalizar todo lo relativo a la salud mental. No puede continuar siendo un tema tabú dentro de la Guardia Civil ni suponer una mancha en el expediente profesional si trasciende que se precisa atención psicológica. Es algo que perjudica ante ascensos o especializaciones, los mandos no deberían tener acceso a ese tipo de información médica personal de los agentes y ni mucho menos tendría que utilizarse para tales fines.
Centenares de guardias civiles se han quitado la vida a lo largo de estos 17 años y la Dirección General no puede limitarse a la retirada del arma reglamentaria por motivos psicológicos, que también es preciso. Debería aumentar el número de psicólogos dentro de los servicios de prevención, externalizar dichos servicios de psicología para que los facultativos no pertenezcan a la escala de mando, permitir que los agentes puedan elegir un tratamiento con especialistas ajenos al Cuerpo, elaborar un buen protocolo anti suicidios e implantar un plan de prevención frente este tipo de conductas.
Los guardias civiles viven continuas situaciones conflictivas derivadas de la labor policial que no toda persona es capaz de llevar con normalidad, repercutiendo en el ámbito laboral y personal y sin la comprensión de algunos mandos. A ello se añade la dificultad para conciliar ante la ausencia de turnos o el movimiento de destinos, por lo que desde AUGC interpelamos una vez más a la Dirección General de la Guardia Civil para que atienda las necesidades y actúe consecuentemente ante el problema. Del mismo modo, instamos al Gobierno a que prevea medidas para evitar que esta lacra se siga repitiendo año tras año.
