El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, que investiga el presunto uso indebido de subvenciones públicas por la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, ha dictado auto de procedimiento abreviado por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y dos de fraude de subvenciones de los que se acusa a los principales representantes de la citada fundación; en concreto, Ángeles Muñoz, su hijo Cristian Menacho -ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en Córdoba capital-, y a José Antonio González Adame.
De igual modo, y en el mismo auto, fechado el pasado 11 de julios, el juzgado ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se seguían contra la también investigada Alejandra Pérez, quien fuese número dos de JSA en la capital cordobesa.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba emplaza ahora con este auto al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en el caso a que, en un plazo de diez días, formulen escrito de acusación o, en su caso, soliciten, bien el sobreseimiento de la causa, bien la práctica de diligencias complementarias.
Cabe recordar que la acusación particular que en este caso ejerce Podemos había solicitado a este juzgado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indague en la contabilidad de dichos colectivos y realizara "cuantas diligencias de investigación conduzcan a clarificar" la "ausencia absoluta de contabilidad, o parcial, deficiente e incompleta, tanto de ingresos como de gastos desconocidos en el informe pericial".
Sin embargo, el auto de procedimiento abreviado entiende que la fase de investigación preliminar se encuentra "ya agotada", una vez que "se han practicado las diligencias imprescindibles para el fin propio de esta fase inicial".
Posibles delitos
Del "relato fáctico recogido, se desprende que la conducta en él reflejada pudiera subsumirse en un delito contra los derechos de los trabajadores (...) y dos delitos de fraude de subvenciones" de los que "serían responsables en concepto de autores" los investigados Cristian Menacho, Ángeles Muñoz y José Antonio González, añade la resolución judicial.
El auto justifica su resolución a partir "no sólo de las denuncias iniciales y las documentales a ellas acompañada", sino también a partir de "la declaración de los trabajadores denunciantes", las "testificales de los diferentes trabajadores de la Asociación Jóvenes para el Futuro, Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir y Fundación Guadalquivir Futuro", junto a otros elementos como "la propia declaración de los investigados, quienes, si bien niegan los hechos que se le imputan, sus manifestaciones se ven contradichas por el resto de las diligencias de investigación".
De igual modo, el juzgado ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa para la investigada Alejandra Pérez "al no desprenderse de las diligencias practicadas motivos suficientes para acusarla como autora, cómplice o encubridora de los delitos que han dado lugar a la formación de la presente causa".
Según recuerda el auto, María Ángeles Muñoz y José Antonio González Adame figuraban entre los fundadores, además de presidenta y vicepresidente, respectivamente, de la Fundación Guadalquivir Futuro, constituida mediante escritura pública el 25 de enero de 2008 con fines como "la atención y promoción del bienestar familiar" y el "fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres". Además, Cristián Menacho figuraba como trabajador por cuenta ajena de dicha fundación --como coordinador-- "en virtud de contrato indefinido de fecha 13 de junio de 2015".
Además, Cristian Menacho ostentaba la representación de la Asociación Jóvenes para el Futuro, sin ánimo de lucro, constituida en Córdoba en abril de 2009 "con fines de fomento del progreso de los jóvenes en la cultura, desarrollo de la comunicación, fomento del deporte y actividades deportivas", entre otros, y que él mismo presidía.
Asimismo, la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, constituida como entidad sin ánimo de lucro para "informar e instruir a los vecinos en todas aquellas cuestiones que afecten a su interés general", contaba con María Ángeles Muñoz como presidenta y tesorera; con José Antonio Gómez como vicepresidente, y con Cristian Menacho como vocal, según detalla el auto, contra el que se puede interponer recurso de reforma en un plazo de tres días ante el mismo Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba.
