Cinco de los seis grupos municipales (Vox ha votado en contra) del Ayuntamiento de Córdoba han apoyado esta tarde en el Pleno municipal una moción en favor de que se elimine el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social, a fin de garantizar la igualdad de trato en las parejas de hecho y las casadas en el acceso a la pensión de viudedad.
En el texto se exige la retroactividad de estas modificaciones (la eliminación de ese artículo) para las familias afectadas desde la entrada en vigor de esa ley, que fue el 1 de enero de 2008. Eso incluye eliminar el requisito de dependencia económica y evitar que la pareja de hecho no pueda percibir la pensión de viudedad si tenía más ingresos que el cónyuge durante el año anterior al fallecimiento. Y es que, a día de hoy, si el viudo o la viuda hubiera ganado el año anterior un euro más que el o la fallecido o fallecida se quedaban sin pensión.
Antes del debate, hablaron Silvia Oñate, presidenta de la Asociación Vida de Mujeres Viudas y Madres de Hijas o Hijos Huérfanos, y Francisco Figueroa, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Córdoba, y ambos coincidieron en apoyar y agradecer la moción.
Oñate, de hecho, considera que esa desigualdad que hay ahora sí se puede calificar de "machismo", al tiempo que ha recordado que ya van más de 50 ayuntamientos que en su mayoría han votado por unanimidad por esta moción que afectaría a unos 5 millones de personas. Desde que se puso en marcha la Ley en 2008 "hay 1.800 familias afectadas" por este problema.
Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha justificado el 'no' a esta moción de su partido en que "hay que abordar las cosas de forma general" y no limitándose a grupos concretos, ya que "hay mucho que mejorar en materia de pensiones", además de recordar que los viudos y viudas "tampoco tienen derecho a heredar".
Por otro lado, el Pleno ha rechazado con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, una moción del PSOE para reclamar a la Junta de Andalucía soluciones ante la situación de que 241 entidades de toda Andalucía (30 de ellas de Córdoba) se hayan quedado sin ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), lo que provocó una reunión ayer en la capital cordobesas de más de 120 representantes de esos colectivos para tratar las medidas que iban a adoptar y que han sido dadas a conocer en la sesión municipal por parte de Sacramento Merino, en representación de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a la Mujer.
Así, Merino ha avanzado que llevarán a cabo medidas legales, así como movilizaciones por "este ataque directo al movimiento asociativo andaluz", además de que se ha negado a reunirse con la coordinadora del IAM en Córdoba, Lourdes Arroyo, "por su pésima gestión en todo este asunto, ya que debería habernos reunido para decirnos lo que pasó y nos tuvimos que enterar por la web".
Entre tanto, Merino, quien ha advertido que "seguiremos haciendo nuestra labor, a pesar del abandono de la Junta", ha explicado que durante 2019 su asociación ha llegado a atender a 65 y que ésta había sido la primera vez que su Plataforma había solicitado una ayuda económica al IAM. De hecho, la única vez que percibieron dinero de la Administración fueron 400 euros para "material de cartelera que fueron justificados hasta el último céntimo; ¡juzguen ustedes el despilfarro!".
Por parte del cogobierno, le ha tocado pasar un mal trago a la delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs), quien ha reconocido que "comprendo" a los colectivos que se han quejado, pero ha explicado también que ha sido la Intervención General de la Junta la que ha dicho que estaba mal el planteamiento hasta la fecha para la concesión de las ayudas, con lo que lo concedido hasta la fecha se saltaba la legalidad.
La respuesta se la dio la edil de IU Alba Doblas quien ha calificado este planteamiento de "cobardía política, porque sólo hay un criterio que dice eso y se pueden buscar soluciones en lugar de no amparar a quien no quiero.". Es más, la edil negó la mayor con que se haya estado haciendo las cosas hasta la fecha de forma ilegal, porque en caso contrario, "se estaría en la Fiscalía o en los juzgados y no es así".
De todos modos, Timoteo ha dejado sobre la mesa el hecho de que desde la Administración andaluza "ya se está trabajando para buscar soluciones", entre ellas "hacer que las cosas sean legales para que se produzca un prorrateo del dinero de las subvenciones entre quienes las soliciten".
En este punto, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha llegado a decir que ya que se han quedado fuera proyectos, lo lógico sería recortar la cantidad de esas ayudas, lo que ha provocado cierto revuelo en el resto de partidos del Consistorio.
