El portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), Antonio Hurtado, ha criticado en sus redes sociales que Vox, "haciendo gala de su xenofobia", haya presentado en el Ayuntamiento de Córdoba una moción para el próximo Pleno ordinario de marzo –el día 12– donde se trata de prohibir el acceso de mujeres con burka a los edificios municipales.
"La primera pregunta que nos hacemos es si alguna vez ha entrado al Ayuntamiento de Córdoba alguna mujer con burka", indica el portavoz, para añadir que "yo aseguraría que no, que nunca ha entrado con burka una mujer al Ayuntamiento de Córdoba" para dejar en entredicho el planteamiento de la moción.
En cualquier caso, Hurtado ha asegurado que como vecino del Casco Histórico que es sí ha visto, "en contadas ocasiones", a alguna mujer que ha entrado a la Mezquita-Catedral de Córdoba con burka sin que tuviera problema alguno de acceso, "porque el Cabildo tampoco ha puesto límite al respecto, algo que consideramos normal".
Por este motivo, Hurtado asegura que Vox "trata de crear un desacuerdo sobre cuestiones que no son problema en la ciudad y no lo que debiese ser una moción que se eleva a Pleno, es decir una intención de acuerdo a soluciones de problemas que existan en la ciudad", que no sería el caso.
Por tanto, "creemos que este mensaje es un mensaje claramente xenófobo y que no trata de solucionar ningún problema en Córdoba puesto que no existe, puesto que no ha habido jamás una mujer que entre o que quiera entrar con burka en algún edificio municipal".
La moción de Vox
Concretamente, la moción de Vox propone regular el acceso a dependencias municipales cuando se oculte completamente el rostro con burkas o prendas equivalentes y busca fijar como requisito funcional la identificación facial en edificios municipales, con excepciones médicas y sin afectar a la vía pública.
Así, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha explicado, a través de un comunicado público, que "las dependencias municipales son espacios administrativos donde se realizan actuaciones con efectos jurídicos, se atiende directamente a los ciudadanos y se gestionan datos personales sensibles, por lo que resulta imprescindible garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los empleados públicos".
En este sentido, Badanelli ha subrayado que "la identificación visual del rostro es, en numerosos trámites presenciales, un requisito funcional básico para verificar la identidad de la persona, prevenir suplantaciones y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos".
La iniciativa plantea establecer una condición objetiva de acceso vinculada exclusivamente a la ocultación facial integral, aplicable a cualquier prenda que impida la identificación, "con independencia de su motivación personal, cultural o religiosa".
"Estamos hablando de una medida funcional y proporcionada, no ideológica", ha señalado Badanelli. "El Ayuntamiento, en el ejercicio de su potestad de autoorganización y de policía administrativa, puede y debe fijar condiciones objetivas de acceso cuando existe una finalidad legítima como es la seguridad y la verificación de identidad”.
La moción especifica que se considerará ocultación integral del rostro aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial, incluyendo —a título enunciativo— el niqab, el burka u otras prendas de efecto equivalente.
En otros ayuntamientos
Esta iniciativa impulsada por Vox, cita Badanelli "ya ha sido aprobada en distintos ayuntamientos de España con el apoyo del Partido Popular", concretamente en ciudades como El Ejido, Arrecife, Palma de Mallorca, Calvià, Llucmajor, Rincón de la Victoria, Cartagena, Granada y El Casar, donde se han respaldado las medidas para regular el acceso a dependencias municipales cuando exista ocultación integral del rostro.
Badanelli ha querido dejar claro que "esta regulación no afecta a la vía pública, donde el Ayuntamiento no tiene competencia para imponer restricciones generales de vestimenta, ni se extiende a símbolos o prendas que no oculten el rostro".
Por último, la portavoz municipal ha explicado que la iniciativa encomienda a los servicios jurídicos municipales la redacción de un reglamento interno que desarrolle esta regulación "con garantías jurídicas, claridad normativa y máxima transparencia", así como su correcta difusión en accesos y canales municipales.
"Se trata de garantizar la seguridad, el respeto a las normas comunes y el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales", ha concluido.
