Desde el inicio de la crisis, en 2007, más de 6.000 personas han perdido su vivienda en Córdoba, ya sea por impago de las rentas de viviendas arrendadas o por impago de las cuotas de la hipoteca, según se desprende del informe elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) financiado por el Ayuntamiento de Córdoba y el impulso de la Oficina Municipal de la Vivienda.
Frente a eso, la Junta de Andalucía registró entre los años 2009 y 2015 un total de 21.088 solicitudes de viviendas protegidas, mientras que en el registro de demandantes de vivienda pública de Vimcorsa hubo 4.765 inscripciones a fecha de 18 de abril pasado.
Al mismo tiempo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la capital cordobesa hay un total de 152.718 viviendas, de las que en 2011 había 17.615 vacías, siempre según la misma fuente. Según Juan Hidalgo, concejal de Servicios Sociales, tras conocer los resultados del estudio, "nos queda mucho trabajo al Ayuntamiento y a las organizaciones sociales para luchar por una vivienda digna, ya que del texto del Informe de Vivienda, elaborado por Myriam Jurado y Antonio Manuel Rodríguez, "se desprende que tenemos que situar el derecho a la vivienda en el centro de una cuestiones política".
Mucho por recorrer
En este sentido, Hidalgo ha destacado también la labor de la Oficina y los programas municipales de ayuda en alquiler que han hecho bajar los desahucios un 35% en Córdoba frente al 8% de incremento a nivel andaluz. No obstante, el edil ha recomendado no lanzar las campanas al vuelo, porque "nos queda mucho camino por recorrer, y esperemos que este estudio nos ayude a paliar la situación y facilitar el acceso digno a la vivienda".
El informe detalla también que tras dos años y medio de actividad del Fondo Social de Vivienda sólo un 30% de sus 9.866 pisos está habitado, y si no hay datos sobre la propiedad bancaria de las viviendas vacías, sí hay informaciones que dicen que se trata del 80% de la vivienda vacía, mientras que otros dicen que los seis mayores bancos acumulan 65.000 viviendas y que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) acumula 106.858 activos inmobiliarios con un 65% en forma de viviendas.
La APDHA toca, igualmente, su habitual crítica a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra), dependiente de la Junta, de la que lamenta su "mala gestión" del parque público de viviendas, puesto que en Córdoba sólo cuentan con 2.780 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler social, que es mucho menor que la demanda existente.
Al mismo tiempo, critica al organismo público andaluz de que haya viviendas vacías más allá del tiempo razonable para una nueva adjudicación y otras están en manos de personas que no son las titulares (por ocupación), así como "prácticas ilegales y/o abusivas para acceder a una de estas viviendas".
Poca vivienda social
Por otra parte, datos de la Red Co-Habita indican que en 2015 había entre 240 y 250 personas sin hogar en Córdoba, con lo que una de las conclusiones del informe es que "los recursos habitacionales, entendiéndolos como la dimensión material del derecho, no tienen capacidad para la demanda de la ciudadanía", mientras que lleva sin construirse vivienda social desde la década de los 90' del sigo pasado. Y es que hay casi 5.000 personas inscritas en el Registro Municipal de Vivienda sin que se les solucione su situación a corto y medio plazo.
"El objetivo era plantear una radiografía con una perspectiva general, poniendo un foco especial sobre colectivos sociales más vulnerables en todos los derechos, no solo en la vivienda, y lo que ha salido es muy negativo en materia de vulneración de os derechos humanos en relación a la vivienda", ha advertido Carlos Arce, delegado de Apdha, antes de explicar que se ofrece una serie de alternativas reales para una mejor política publica de vivienda.
Dentro del estudio también se habla de los edificios ocupados en la ciudad. Así, la mayoría pertenecen a entidades bancarias, con un 33% de la Sareb, frente a un porcentaje "prácticamente inapreciable" de viviendas de particulares. La familias que las ocupan en un 64% tienen a su cargo a un menor como mínimo, mientras que el 19% son mujeres solas con hijos. Así, se han contabilizado 47 menores que están viviendo en edificios ocupados que están "deteriorados y en condiciones escasas de habitabilidad. Y lo más lógico de todo: Un 78% de los ocupas están en situación de desempleo.
El 80%, vacías
Por su parte, una de las autoras del estudio, Myriam Jurado, ha vuelto a destacar que "sólo el 20% de las viviendas que tienen los banco se han puesto a disposición de los ciudadanos, lo que quiere decir que el 80% están vacías", al tiempo que ha especificado que hay un total de nueve edificios llamados corrales ocupados y llamados corrales que pertenecen a la Sareb, mientras que dentro del colectivo de personas presas "únicamente el 5% cuenta con una vivienda cuando tengan que salir de la carcel y eso les beneficia de cara a los permisos y al tercer grado".
El trabajo, además, elabora, un análisis de los colectivos concretos en especial vulnerabilidad que les imposibilita acceder a una vivienda. Entre ellos está la población gitana rumana. En Córdoba hay entre 16 y 20 localizaciones en asentamientos o infraviviendas donde hay 125 adultos y 99 menores, es decir el 91,8% de los romances que habitan en tierras cordobesas (hay unos 20 que viven en pisos).
También están las prostitutas, de las que la "mayoría ejercen en sus propias viviendas, que son en alquiler y donde en un 17% vive también la unidad familiar", ha añadido Jurado. Un 10% de estas mujeres se ha visto obligada a la 'ocupación' y sólo un 6% tienen vivienda en propiedad, aunque tiene serios problemas para afrontar los gastos mensuales que eso conlleva. Otro 27% convive en 'pisos patera' con otras familias en la misma situación.
En cuanto a la pobreza energética, el 42,5% de los cordobeses no puede permitirse mantener su casa caliente en invierno y un 41,90% no puede refrescarla en los duros meses del verano cordobés. Además, según Myriam Jurado, en los barrios de Las Morenas y Las Palmeras, así como en el 44% de las zonas comunes de la capital, hay un alumbrado publico en mal estado y un 46%, en un estado razonable.
Alternativas jurídicas
En cuanto a las propuestas y alternativas jurídicas habitacionales, ha sido Antonio Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la UCO el encargado de desvelarlas. Por una parte, se requiere de una transformación del derecho a la vivienda en un derecho subjetivo, aplicando, para ello, una política pública integral de la vivienda diseñada desde lo público. En este aspecto, el estudio destaca la necesidad de que hay un cuerpo de inspectores encargados de comprobar que la adjudicación pública se realice conforme a un sistema de baremación previamente establecido y no por sorteo.
Por otro lado, según el informe, "pionero en esta materia, como se ha realizado en Copenhague o Barcelona", la prioridad debe ser la puesta a disposición en régimen de alquiler social, mientras se generan al mismo tiempo políticas para el control de las rentas en el mercado privado. "El modelo especulativo del crédito hipotecario no ha funcionado y nos hacen falta medidas nuevas que vayan más allá de eso", ha advertido Rodríguez, para añadir que "en el derecho sajón hay muchas formulas que van más allá de la propiedad alquiler y tenemos que acudir nosotros a la innovación jurídica".
Aquí también se ha lanzado otro mensaje a la Avra por boca del profesor, en el sentido de que "elabore vivienda publica y que los locales que hacen se habiliten para vivienda". Entre otras cuestiones, porque este organismo público tienen en Las Moreras "locales y viviendas vacías y otras que se usan como perrera".
