El Grupo Municipal Hacemos Córdoba ha denunciado, a través de un comunicado público, la "paralización" por parte del equipo de gobierno de las pruebas para la obtención de la licencia municipal de taxi, necesarias para que nuevas personas puedan ejercer como conductoras o conductores en este servicio público "fundamental".
Tradicionalmente, esta prueba se venía realizando tres veces al año, una frecuencia cuatrimestral que permitía mantener una bolsa activa de profesionales capacitados para cubrir turnos, mejorar la cobertura horaria del servicio y permitir que los titulares de las licencias pudieran ampliar el uso de sus vehículos sin verse obligados a cubrir jornadas extenuantes en solitario.
"El Ayuntamiento lleva desde octubre sin convocar esta prueba, lo que está generando un bloqueo total en el acceso al sector", ha denunciado el grupo municipal. "No es sólo una cuestión de empleo: Hablamos de salud laboral, de derechos y de garantizar un servicio público esencial como es el taxi en nuestra ciudad".
Desde Hacemos Córdoba recuerdan que el taxi cumple un papel social insustituible: "El taxi garantiza la movilidad de personas mayores, con diversidad funcional o de quienes viven en barrios con poco acceso al transporte público. Además, cubre franjas horarias —como noches y festivos— en las que otros servicios no están operativos. Necesitamos que funcione bien, y para eso hacen falta profesionales con licencia".
“"La falta de convocatoria impide que los titulares puedan contratar a nuevos conductores o conductoras, y al mismo tiempo está bloqueando oportunidades de empleo en un sector con demanda real", han advertido.
Actualmente, Córdoba cuenta con más de 500 licencias activas. La posibilidad de contar con más de un conductor o conductora por vehículo es "clave" para mantener una cobertura "adecuada del servicio y evitar la sobrecarga de quienes ya están trabajando".
Desde Hacemos Córdoba exigen al Ayuntamiento que convoque de inmediato una nueva prueba para la obtención de la licencia municipal del taxi y que establezca un calendario estable con, al menos, dos convocatorias anuales. "La administración no puede ser un freno para el empleo ni para los servicios públicos", han concluido la coalición.
