El caso de Rafael Gómez ha quedado hoy visto para sentencia después de siete años de investigación judicial y él mismo, en su alegato final, ha explicado ante el juez su inocencia: "somos una familia honrada y trabajadora y sin ánimo de lucro" ha dicho al magistrado ante el que se ha derrumbado, llorando.
"Siempre hacíamos proyectos ilusionantes para el comprador y a buenos precios", de hecho, ha explicado que empezó en el negocio inmobiliario "sin dinero", "pidiendo dinero a los bancos para comprar los terrenos y construir".
Ha intentado convencer al magistrado de que su pretensión empresarial no era evitar el pago de impuestos sino "trabajar"; "empecé ganando 500 pesetas a la semana" y acabó comprándole las herramientas a su jefe para empezar en el negocio de la joyería "donde conseguimos ser la empresa número uno de España". Gracias a estos resultados, "compré unos huertos en Córdoba para construir viviendas de VPO".
Su mujer, que no está imputada de los delitos sino considerada por la acusación pública, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal de haber disfrutado de los beneficios fiscales ha indicado que Gómez "tenía una obsesión por dejar su sello personal", por ello las estatuas tan particulares de sus contrucciones objeto de investigación en el proceso, "no porque se creyese Dios, sino por dejar su sello personal para la posteridad".
En esta última sesión del juicio, los abogados de los hijos de Gómez han pedido su libre absolución y en el caso de ser condenados, la aplicación de reducción de pena por dilaciones indebidas ya que algunos de los hechos de los que se le acusan ocurrieron en 2003".
Alegan que aunque formaban parte del consejo de administración de las empresas, estos organos ejectivos no se reunían para la toma de decisiones. Además, delegaban todas las responsabilidades tributarias y fiscales en personal técnico y administrativo, así como en asesores externos por lo que "no existe prueba que demuestre su intención de defraudar a Hacienda".
Asimismo, han considerado que los inspectores que llegaron a realizar hasta 22 ajustes por impagos de tributos han actuado motivados por el "corporativismo" y que además, de tener una actitud defraudatoria, no solo estarían investigadas 3 empresas del grupo en cuatro ejercicios, sino todas ellas.
Sin embargo, ninguno de los hijos ha querido hacer uso de su derecho de alegato final. El caso ha quedado visto para sentencia por parte del juez decano Miguel Angel Pareja, titular del juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba.
