Facua Córdoba ha denunciado, a través de un comunicado, que el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de la capital, Andrés Pino (PSOE), vulnera con sus decisiones el Decreto 35/2012 de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo en Andalucía, además de la propia Ordenanza Municipal del Taxi de Córdoba.
El pasado 17 de noviembre, la Delegación de Movilidad convocó para el día 23 en un referéndum a todos los propietarios de licencias de taxis de la ciudad con el fin de aprobar una propuesta de entre las seis presentadas (cinco de Autacor y una de Etaxi) para turnos de descanso y vacaciones correspondientes al próximo año 2017. En esa consulta, el Consistorio actuaría como fedatario de la votación.
Sin embargo, el día 21, la Asociación General de Taxistas Autónomos de Andalucía (AGTA) envió a Pino un burofax donde se le instaba de manera urgente a paralizar la convocatoria de votación, bajo advertencia de acudir a los tribunales por entender que es irregular. El concejal, varias horas después de recibir el requerimiento y desde la propia Delegación de Movilidad, comunicó a todos los propietarios de licencias de taxis en Córdoba la suspensión del acto hasta nuevo aviso.
Sólo a una parte
Facua Córdoba también advierte de que esta votación incumplía la ley, al no haberla trasladado al resto de entidades que componen el sector, que están concretadas en el Decreto 35/2012 de 21 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo en Andalucía. En concreto, su artículo 43.1.c contempla que "los municipios" deberán contar con el "previo informe de las asociaciones del sector del taxi, de los sindicatos y de las organizaciones de las personas usuarias y consumidoras más representativas en su territorio".
La asociación advierte, por tanto, de que Pino incumple nuevamente el procedimiento legalmente establecido a la hora de adoptar decisiones que afectan al sector, como la referente a las paradas de taxi, donde, a instancias de la asociación mayoritaria Auttacor, el concejal ha dictado el decreto 3381/2016, de fecha 14 de noviembre, sin haber dado plazo previo alguno para la presentación de alegaciones.
De esta manera, Movilidad incumple el artículo 43.1.c, del Decreto 35/2012 de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo en Andalucía.
Recurso ante la alcaldesa
Asimismo, Facua Córdoba considera que el concejal también habría incumplido con lo establecido en la propia Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio del Taxi de Córdoba, en su artículo 74, donde se dispone que el Ayuntamiento de Córdoba "autorizará las paradas de taxi en su municipio previa audiencia de las organizaciones representativas del sector del taxi, de los sindicatos representativos y de las organizaciones de usuarios y consumidores con implantación en su territorio".
Por último, la asociación ha presentado ante la alcaldesa de la capital, Isabel Ambrosio (PSOE), un recurso potestativo de reposición contra el decreto dictado por su concejal al haberse saltado los trámites legales, e instándole, además, a que se haga cumplir la ley. Todo ello antes de trasladar del asunto a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Córdoba.
