Facua-Consumidores en Acción ha denunciado en Córdoba al Hospital QuirónSalud, al Hospital San Juan de Dios, al Hospital Cruz Roja, al Centro Médico Milenium Córdoba, al Grupo Cardiológico Corpal y al Centro Asistencia Los Ángeles por "incumplir la ley que obliga a disponer de teléfonos gratuitos en un sentido amplio".
Son seis de los 146 hospitales, clínicas y centros sanitarios denunciados por la asociación tras un análisis sobre el sector en toda España. La denuncia ha sido interpuesta ante la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias en la provincia de Córdoba, que tiene atribuidas las competencias de protección a los consumidores, y ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Alberto Garzón.
Facua ha realizado un estudio rastreando las páginas web de 150 prestadoras de servicios sanitarios de las capitales de provincias, las dos ciudades autónomas, las dos capitales de comunidad autónoma que no son capital de provincia (Mérida y Santiago de Compostela) y las cuatro ciudades que tienen más población que las capitales de sus provincias (Algeciras, Gijón, Vigo y Jerez de la Frontera).
Dicho estudio se basa en si cumplen la obligación de facilitar teléfonos gratuitos y si lo hacen en todas las secciones donde publicitan sus numeraciones para la atención, tanto de clientes como de no clientes. Con base en la información que las entidades facilitan en sus webs, 146 incumplen la ley al no ofrecer línea gratuita alguna para la atención a los consumidores, haciendo uso de otras líneas que suponen un desembolso para el usuario.
De las 146 denunciadas, dos combinan líneas 902 con teléfonos geográficos para la atención a los consumidores (el Hospital CHIP y el Hospital HM Madrid). Por otro lado, dos (Policlínica Gipuzkoa y Hospital HM Madrid) disponen de numeraciones gratuitas sólo para comunicarse con áreas determinadas de los centros. Otros dos grupos hospitalarios (el HLA y Sanitas) presentan líneas gratuitas sólo para información general, obligando a llamar a teléfonos con coste para realizar gestiones específicas. El resto facilitan teléfonos geográficos y líneas móviles.
Qué dice la ley
Desde diciembre de 2020, el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge que "en los supuestos de servicios de carácter básico de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito. A estos efectos, tendrán la consideración de servicios de carácter básico de interés general los de suministro de agua, gas, electricidad, financieros y de seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos, así como aquellos que legalmente se determinen".
Facua indica a los consumidores que se vean obligados a llamar al hospital o clínica de su zona a través de numeraciones con coste que podrán reclamarles el abono de esas cantidades. En el caso de otras empresas que no son de servicios básicos de interés general, la ley establece que deben facilitar un número que no suponga un coste superior al de una llamada geográfica o móvil, con lo que si se ven obligados a llamar a una tarificación especial (902 y 901), también tienen derecho al reembolso de ese coste.
Más denuncias
El pasado año, Facua realizó siete estudios sobre el obligado cumplimiento por parte de las compañías de servicios básicos de interés general de contar con un teléfono gratuito de atención al consumidor. En el primero de ellos, la asociación concluyó que siete de cada 10 aerolíneas se saltaban la ley. En el segundo, que seis de cada 10 suministradoras de agua tampoco cumplían con la mencionada normativa.
También, pudo comprobar que la mitad de las grandes empresas de mensajería analizadas no ofrecían teléfonos gratuitos y que nueve de cada 10 aseguradoras tampoco lo hacían, el mismo porcentaje las entidades financieras sin ficha bancaria. Respecto a los bancos, han sido 13 los denunciados de 29 analizados. El último estudio de 2021 detectó irregularidades en cuatro de cada 10 comercializadoras energéticas analizadas, denunciándose 48 en total.
De igual manera, el pasado mes de febrero, la asociación realizó un estudio que determinó que sólo nueve de las 51 compañías de autobuses analizadas cumplían la normativa, por lo que denunció a 42.
