ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento investiga posibles irregularidades en 200 facturas recientes del Área de Infraestructuras

Corresponden a la Unidad de Mantenimiento de Edificios Públicos por servicios que incluso se duda que se hayan llevado a cabo
ALVAREZ, FUENTES Y TORRICO copia

El Ayuntamiento ha abierto diligencias previas tras la aparición de unas 200 facturas desde el pasado mes de octubre que muestran irregularidades en cuanto a la prestación de los servicios a los que hacen referencia. Las facturas corresponden todas a la Unidad de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios del Área de Infraestructuras y corresponden a diferentes empresas. 

En palabras del concejal responsable precisamente de ese Área, Antonio Álvarez, por lo pronto se están revisando estas 200 facturas, pero que la intención es "revisar una a una las facturas de esta unidad desde el pasado 1 de enero", con el fin de comprobar la validez de todas ellas, y es que existen serias dudas de que ni siquiera los servicios y prestaciones se hayan realizado.

Además, Álvarez ha afirmado que los listados de empresas se han enviado a la Policía Nacional, puesto que se trata de firmas que están sometidas a otros procesos de investigación, a la vez que ha añadido que se está investigando para identificar la responsabilidad y, por otro lado, no se descarta que se tengan que llevar a cabo expedientes disciplinarios. Para ello, se ha pedido asistencia jurídica para aclarar hasta el final este nuevo capitulo del conocido como Caso Infraestructuras, que empezó conociéndose como 'Caso Dorado'. 

En este sentido, la señal de alarma la ha dado el incremento injustificado de facturas de menos de 500 euros en las últimas semanas. De hecho, cabe recordar que tras el 'Caso Dorado' se modificaron los límites de control en las cantidades de las facturas. Así, desde ese momento se pedían tres presupuestos y un informe de necesidades para los contratos de una cuantía que iba desde los 500 euros a los 3.000 euros. Un requisito que va más allá de lo que dicta la ley, pero que se estaba estableciendo para aumentar el control sobre estos contratos menores y, por lo visto, han dado sus frutos.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico (PP), ha querido trasladar la máxima transparencia del equipo de gobierno y máxima colaboración con la investigación.