La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABBII) ha celebrado esta mañana el Día Internacional de la Justicia Social con una concentración a las puertas de la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía para denunciar la penosa situación en la que viven los barrios más pobres (como Las Moreras y el Guadalquivir en Córdoba; la 3.000 Viviendas o Las vegas en Sevilla, La Palmilla de Málaga o La Cañada de Granada), donde, en palabras del coordinador del colectivo en Córdoba, Francisco Povedano Cáliz, "el paro, con más de un 70%, es una realidad que está vivita y coleando, el tema del fracaso escolar alcanza un 90%, la juventud carece de formación profesional de ninguna clase y nosotros queremos también denunciar la situación de los barrios en su conjunto, pero queremos ver también cuáles son realmente las causas de esta situación y no es otra que la falta de atención brutal por las instituciones".
Por ello Barrios Ignorados ha reclamado a las administraciones competentes que "se cree una cultura ante el fracaso escolar adaptada a esos barrios y también una formación profesional igualmente adaptada al perfil de estos jóvenes".
Por su parte Eugenio Rosa, portavoz de Servicios Sociales de la Asociación de Vecinos Unión y Esperanza del barrio de Las Palmeras, ha cargado las tintas en la situación de la Renta Mínima de Inserción (RMI), en la que, "por incompetencia de la Junta se está tardando nueve meses en mandarse la tramitación a las familias, ya que en un 70% de los retrasos es por falta de una documentación que la Administración no tenía claro que había que aportar para tener acceso a la renta".
La RMI se establece a primeros de enero y las primeras 100 solicitudes resueltas en Córdoba se cobraron en octubre, y eso implica que las familias viven sin ingreso alguno y se va a cumulando la deuda en luz, agua, vivienda y comida. Y, aunque se cobra con carácter retroactivo, "cuando el dinero llega no es suficiente para sufragar las deudas".
Eso conlleva, además, un problema aludido. Y es que en muchos casos, más de 500 en la provincia de Córdoba, se deniega esa renta precisamente por tener deuda que se ha ido acumulando, ha añadido Rosa.
La mera solicitud de esa RMI "es toda una aventura", ya que lejos de contar con una ventanilla única, como marca la Ley andaluza, "tenemos que ir yendo organismo por organismo a presentar la solicitud" y eso está obligando a muchas familias a vivir en el mismo sitio que otras familias para sobrevivir. Se dan casos de que en el mismo piso conviven hasta cuatro o cinco matrimonios y la renta sólo se concede a una persona por unidad familiar "cuando ni siquiera cubre las necesidades de una sola familia, mucho menos para cuatro o cinco", ha añadido el portavoz vecinal. En cifras, oscila entre los 439 euros que es el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) hasta un máximo de algo más de 700 euros.
La RMI no requiere de solicitud, sólo de renovación si la situación persiste, que es la principal diferencia que hay con el antiguo salario social. Y las primeras resoluciones, "por la falta de formación e información de los profesionales de Asuntos Sociales y de la Junta, se dieron en octubre, que fueron 100 en Córdoba; pero de los más de 4.000 personas que han solicitado en Córdoba esa renta, sólo unos 400 la perciben y sólo se ha hecho una renovación".
Quedan, además, más de 3.000 documentaciones en diferentes fases, muchas de ellas por falta de esa documentación que l Administración no sabe con seguridad cuál es, o bien por requisitos familiares que se incumplen., ha denunciado Eugenio Rosa.
