Córdoba es la sexta provincia española con mayor tasa de riesgo de pobreza y la primera andaluza, con más del 30% de la población en peligro de exclusión social. También es la sexta de España en cifras de parados, con el 31%. En estas circunstancias desde hace 15 años no se construye ninguna vivienda social en la capital, como ha denunciado el delegado en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Carlos Arce: «Ya no se construían viviendas sociales antes de la crisis, pero ahora con la crisis tampoco».
Arce ha presentado el informe anual que esta ong realiza sobre la situación de los derechos humanos en la provincia. Y no salen bien parados si tenemos en cuenta que hay que sumar la situación de la población infantil en Andalucía. Según datos de Unicef el 51% de los niños andaluces están en riesgo de pobreza y el 44% viven en hogares que se pueden considerar pobres.
El informe se centra también en varios sectores en concreto que, junto a los datos generales, «muestran que pese a lo que se esté manifestando en todas las campañas electorales de este año, no hay consolidación de la economía ni recuperación alguna», según el delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos.
Gitanos procedentes de países del Este
Arce ha calificado la situación de los gitanos procedentes de los países del Este como «desoladora», y además ha desmentido dos clichés referido el primero a su alto número y el segundo a su carácter nómada: «En Córdoba sólo hay 400 de estas personas, el 0'12 de la población, el 70% viven aquí desde hace tres años, y el 30% desde hace al menos diez, es decir, hay ya muchos niños que han nacido y han vivido aquí toda su vida». El 80% de la población de gitanos del Este vive en asentamientos chabolitas. Sólo el 3% recibe un salario social.
Población reclusa
La ong denuncia que las prisiones tienen un deficiente sistema de atención médica. El principal ejemplo puesto por su delegado ha sido la tardanza en la llegada del tratamiento para la hepatitis C. «Y nos referimos al tratamiento anterior al que el sistema sanitario ofrece en el exterior de la prisión». A este problema se añaden las carencias en atención psicológica, lo que desemboca en que muchos enfermos mentales estén en la cárcel cuando deberían estar internos en otro tipo de institución. La Asociación Pro Derechos Humanos denuncia también la existencia de malos tratos en prisión o la situación de los presos trabajadores, que no reciben el sueldo estipulado.
Prostitución
En este ámbito, Arce ha denunciado que cada vez existe una mayor represión policial, dirigida además fundamentalmente contra el trabajo de mujeres extranjeras que están, en su mayoría, en situación irregular. En este aspecto la ong apuesta por la regulación en un sentido amplio, que dote a estas trabajadoras de recursos necesarios en los campos laboral, social y sanitario.
