El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha urgido, a través de un comunicado, a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a que cumpla con su promesa de negociar el proyecto de la Ronda Norte en su primera fase y a que licite el proyecto de segunda fase.
En las reuniones previas efectuadas con mediación del Ayuntamiento, la Dirección General de Carreteras se comprometió públicamente a dar a conocer los trabajos del proyecto de la primera fase para poder concretarlo de forma participada. "Pasados ya tres meses de los inicios de los trabajos nada se conoce de las características del proyecto que se está elaborando", indica la nota.
Asimismo, desde la Administración autonómica se asumió el compromiso de que el proyecto de la segunda fase se licitaría paralelamente al de la primera. Esta propuesta era un acuerdo de mínimos una vez que no se aceptó realizar todo el proyecto de una sola vez. Pues bien, a estas alturas, el CMC desconoce cuándo se efectuará la licitación y, por tanto, "ello supone, de facto, que la Ronda Norte quede inacabada y que la afectación sobre el Distrito Norte-Sierra vuelve a quedarse en el olvido, como una amenaza permanente".
Por otro lado, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha presentado alegaciones al reglamento de la Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), a su sección referida a las viviendas irregulares. Las gestiones realizadas para poder negociar el citado reglamento han sido respondidas con el silencio de la Consejería, lo que contrasta con la negociación que sí se hizo de la propia ley.
Así pues, desde el CMC se insta a que se puedan escuchar las necesidades de las parcelaciones de la ciudad y su idiosincrasia.
Entre las propuestas que la comisión de periferia del CMC ha presentado destacan las relativas a facilitar el abaratamiento de costes de los procesos de regularización de las viviendas o de dotación de servicios básicos. También la posibilidad de acceder a sistemas de financiación, vía avales u otros, que permitan hacer viables las propuestas presentadas por los afectados, como alternativa a la falta de financiación bancaria. "Sin atender estas peticiones, entre otras, los procesos que marca la ley se harán prácticamente imposibles", advierte el comunicado.
