El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a una pena de seis meses de prisión un vecino de Pozoblanco (Córdoba), como autor de un delito de atentado y otro de lesiones leves, ya que agredió a un guardia civil, al que también tendrá que indemnizar por las lesiones sufridas con más de 2.300 euros.
Los hechos, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en una nota, tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de Dos Torres (Córdoba) en agosto de 2018, cuando dos guardias civiles del Puesto de Pozoblanco identificaron y cachearon a un joven que mostraba una actitud sospechosa, al cual le encontraron varias bolsitas que contenían MDMA, momento en el que el joven intentó huir y, al ser interceptado por uno de los agentes, le embistió, tirándolo al suelo y ocasionándole diversas lesiones.
A este respecto, AUGC, que ha asesorado y representado al agente agredido, ha recordado que lleva "años denunciando las agresiones, amenazas e insultos que tienen que soportar los guardias civiles en la provincia de Córdoba y en todo el país". De hecho, "las recientes estadísticas oficiales revelan que el mayor índice de accidentes de agentes se produce por agresiones físicas".
Por ello, AUGC viene reclamando "que se modifique el código penal, para endurecer las penas por este tipo de delitos", y hace tres meses dirigió, junto al SUP, un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladándole dicha reclamación, al entender que "es preciso acometer una reforma legislativa para adecuar los tipos penales del artículo 550 del Código Penal, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno".
Desde el Ministerio del Interior "se valoró positivamente dicha propuesta conjunta de AUGC y SUP, pero, por otro lado, en una respuesta parlamentaria ha rechazado ese agravamiento de las penas, algo incomprensible".
A juicio de AUGC, "es desolador ver lo barato que sale agredir a un agente en España, con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes los agresores. Situación que contrasta con el sistema penal de otros países próximos, como el francés, donde no solo los gendarmes y policías gozan de una protección judicial mucho mayor, sino que además dicha protección se extiende a los bienes, propiedades y familiares de los agentes".
Para AUGC, "es evidente que la levedad de las penas por agredir a trabajadores de la seguridad pública propicia este tipo de delitos. Por ello, los servicios jurídicos de AUGC van a seguir defendiendo a sus afiliados, personándose en todos estos casos, para reclamar las mayores penas posibles y las indemnizaciones que correspondan a los guardias civiles afectados".
