El colectivo Bajada Ratio ¡Ya!, que pretende el debate en el Parlamento andaluz una Iniciativa Legislativa Popular 11-21/ILPA-000004, de Modificación de la Ley de Educación de Andalucía, ha informado esta mañana en Córdoba que llevan ya recogidas unas 40.000 firmas, de las que 6.000 son de la provincia cordobesa, si bien todavía hay de plazo hasta el 10 de agosto para recebar más apoyos con el fin de asegurar al 100% esa cifra.
Y es que, además de estar recogiendo esas firmas a través de Internet también lo están haciendo en la calle en papel, si bien cualquier mínimo error en los datos de esas firmas (como no escribir el nombre y apellidos completos en mayúsculas o que la firma se salga fuera del recuadro estampado para ello) anularían esa firma y dejaría de contabilizar.
Por ello, a pesar de haber llegado al cupo necesario para presentarlo al Parlamento, van a apurar al máximo el plazo de modo que esas firmas que pudieran anularse estén cubiertas con otras sin errores.
En la campaña de Internet a día de hoy había recopiladas 38.934 firmas, muy a pesar de que la Mesa del Parlamento, en una curiosa decisión, recortó de seis meses a cuatro el periodo de recogida de firmas dejando el límite en el 10 de agosto. A esa cifra hay que unir las recogidas también en papel, que son igual de válidas.
La idea de impulsar esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) surge de la constatación de que la actual Ley de Educación de Andalucía (LEA), actualmente la Ley de mayor rango normativo en materia de educación en territorio andaluz, no incluye ningún pronunciamiento sobre una cuestión fundamental que determina en gran medida todos los demás: La relación máxima de alumnado por unidad educativa.
Para impulsar esta ILP el colectivo ha tejido una red más amplia, sembrando alianzas con distintas organizaciones, colectivos y grupos de personas con quienes comparten estos propósitos.
Los objetivos primordiales de la ILP son reducir la ratio de las andaluzas en todas las etapas educativas; bajar por ley la ratio de atención a la diversidad, un orientador u orientadora, AL y PT por cada 250 alumnas y alumnos; eliminar de la realidad de los centros la ratio ilegal y poner fin a las supresiones de unidades en la escuela pública.
