Hasta 600 familias en riesgo de exclusión y en una situación de "extrema necesidad" podrían llegar a ocupar una vivienda en la capital "de manera silenciosa". Los entrecomillados son del autor de un estudio patrocinado por Ganemos Córdoba, el profesor de la Universidad de Córdoba José María Manjavacas, que ha presentado hoy los resultados del análisis.
Manjavacas ha reconocido que esa estimación tiene "cierta imprecisión" y se basa en datos del Instituto Nacional de Estadística y la Oficina Municipal de la Vivienda. El estudio de Ganemos tampoco ofrece datos objetivos precisos sobre la situación real de los realojos, puesto que se ha basado en un trabajo de campo con encuestas y técnicas de "antropología social" que poco tienen que ver con la estadística.
La muestra en que se basa el estudio incluye a 60 familias con 165 personas, de las que 64 eran menores. Todas ellas han ocupado una vivienda de un banco por diferentes motivos, lo que limita mucho el tamaño de la muestra. En el trabajo no se incluyen familias que hayan ocupado una vivienda particular ni tampoco a quienes entran en un edificio con el único ánimo de obtener un beneficio económico, una situación denunciada por vecinos en varias ocasiones. Manjavacas asegura que en la elaboración del estudio no se han encontrado ni un solo caso de éstos.
Lo que sí ha detectado el estudio, que ofrece varios ejemplos y testimonios de ello, es la existencia de personas que se aprovechan de la situación de extrema necesidad de estas familias. Algunas tuvieron que pagar pequeñas cantidades de dinero por hacerse con la vivienda. Y así lo explica el informe: "Distintas narraciones registradas durante el trabajo de campo refieren pagos por estos servicios de entre 40 y 500 euros". Por "servicios" se entiende detectar inmuebles vacíos propiedad de los bancos, abrir la puerta, enganchar la luz e informar a las personas realojadas de los primeros pasos que deben seguir. Estos mediadores llegan a recomendar a las familias que acudan a Stop Desahucios para obtener información y apoyo legal.
Aunque el valor estadístico del estudio de Ganemos sea cuestionable, sí que ofrece un perfil social de las personas que se ven obligadas a ocupar una vivienda. En ese sentido, ofrece datos reveladores, como que el 94% no tiene un trabajo estable (98 de 104 personas en edad de trabajar). Además, "hay personas con pocos ingresos que consideran que están trabajando", lo que "da una idea de que hoy se llama trabajo a cualquier cosa", afirma Manjavacas. Tres cuartas partes de las familias analizadas en el estudio o bien no tienen ningún ingreso o no llegan a los 500 euros mensuales, y tan sólo el 10 por ciento se mueve entre los 800 y los 1.000 euros mensuales.
Hay familias que han llegado a un acuerdo con el banco después de ocupar la vivienda. De las 60 estudiadas, 10 están realojadas con un alquier social y otras 12 han conseguido la dación en pago y el alquiler social, lo supone un 36 por ciento del total. Pero la mayoría, 33 de las 60, tienen un proceso judicial abierto y otras 4 ya tienen fecha de desalojo.
El informe de Manjavacas también da datos de las entidades bancarias con viviendas ocupadas. Encabeza la lista el Banco Santander, con 17 de las 60 viviendas ocupadas, seguido del Banco Popular (11), Cajasur (11) y La Caixa (10). El resto de entidades cuentan con pocas viviendas en esa situación.
