El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba, con su presidente, Juan Andrés de Gracia, al frente se ha felicitado por la aprobación de la nueva normativa andaluza urbanística, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), ya que, por vez primera, se incluye un título específico que habla de viviendas irregulares, por lo que, "en cierto modo, atiende el objetivo claro que teníamos de que se incluyera la situación de las viviendas irregulares de Córdoba".
Se trataba, por tanto, de evitar lo que en leyes anteriores, como la LOUA, había ocurrido al no tener en cuenta la situación específica de la capital cordobesa y sus aproximadamente 11.000 viviendas en situación irregular. "Evidentemente, la Ley no afecta a todas ellas, porque es imposible, pero sí a un número relevante", ha añadido De Gracia, quien antes de nada ha querido aclarar que la nueva normativa "no legaliza nada".
Adelatar los servicios básicos
Eso sí, permite abrir caminos hasta ahora cerrados, como la posibilidad de adelantar servicios mientras aún se está en un proceso de tramitación para la regularización o legalización, además de diferenciar en los suelos de especial protección los que son de voluntad del Ayuntamiento o los que son impuestos por otras normativas, o también la posibilidad de realizar las urbanizaciones de los suelos por fases. "De ese modo, será mucho más fácil acometerlas al no resultar tan costosos esos procesos todos de golpe", ha señalado el presidente del CMC.
"Evidentemente, la Ley no afecta a todas las 11.000 parcelaciones irregulares, porque es imposible, pero sí a un número relevante, entre 4.000 y 5.000"
A efectos prácticos, eso significa que en primera instancia se puede abordar la electricidad, más adelante el acerado y el asfaltado de las calles y después todo lo relativo al agua y los saneamientos.
Con estas posibilidades en la mano, Juan Andrés de Gracia está en disposición de afirmar que se han conseguido determinadas cuestiones que ahora deberán cobrar forma más específica en Córdoba, pero no en forma de ordenanza. El portavoz del Consejo ha indicado que hay que desarrollar la Ley en una triple vía. En primer lugar, con reglamentos para "bajar todavía más a tierra sobre lo que la gente necesita a fin de poder avanzar".
En segundo lugar, el CMC considera "imprescindible" la creación de una Oficina del Territorio, que "nos permita sacarle jugo a la Ley y que ésta no pase de nuevo como las otras sin pena ni gloria". Y lo tercero sería dar a conocer entre los propietarios la idea de que de nuevo muchas de las parcelaciones o urbanizaciones que estaban paralizadas o en dudosa sistuación "se den cuenta de que se abre un nuevo camino y que valoren si quieren recorrerlo o no".
Oficina del Territorio
Juan Andrés de Gracia ha explicado que el elemento operativo que supondrá la oficina deberá tener una interpretación positiva de la Ley, ya que como ocurre con toda normativa, pueden dar pie a interpretaciones extensivas o restrictivas. "Necesitamos una Oficina del Territorio con gente al frente que crea en lo que ha querido hacer la Ley y que ayude a interpretar y ayudar a las parcelaciones a que le presenten documentación conforme a lo que la ley permite, pero con una posición positiva".
La necesidad de esa Oficina se debe a que en la actualidad la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) es "parcialmente un tapón para los procesos de regularización que se dilatan años y años", y un ejemplo de ello es que una simple comunicación en el BOP puede tardar un año. "Hablamos de procesos que acaban agotando al personal y que hacen que la gente tire la toalla", ha expuesto.
"En líneas generales, es positivo que la nueva Ley respire la situación cordobesa o tenga el sello de Córdoba en la parte de las viviendas irregulares"
La idea de crear esa estructura específica dedicada en exclusiva a esto es también para evitar que las parcelaciones irregulares sean tratadas como un fenómeno exactamente igual que el resto del proceso urbanístico. Y es que, según De Gracia, estas viviendas tienen un componente social en el sentido de que "allí vive gente que necesita beber agua y tener luz, que no son irregulares; viven en Córdoba y pasado un tiempo en el que no se les ha encontrado una solución, quieren tener servicios básicos, de modo que no tengan que estropear el subsuelo a base de fosas sépticas inadecuadas".
Con el sello de Córdoba
"En líneas generales, es positivo que la nueva Ley respire la situación cordobesa o tenga el sello de Córdoba en la parte de las viviendas irregulares". Pero, evidentemente, se han quedado cuestiones en el tintero, como, por otra parte, "era bastante previsible". Al respecto, De Gracia ha indicado que el CMC volverá a incidir en los reglamentos, en los que "volveremos a tener capacidad de poder influir y decidir qué pueden incluir para avanzar en los procesos de dotación de servicios o de regularización de las parcelas".
"La Oficina servirá para evitar que las parcelaciones irregulares sean tratadas como un fenómeno exactamente igual que el resto del proceso urbanístico"
Lejos de querer pillarse los dedos con una cifra, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano ha preferido ser realista e indicar que los efectos de la Ley ni siquiera afectarán a la mitad de las 11.000 viviendas irregulares que se calcula hay en Córdoba. Lo que ocurre es que con los procesos actuales únicamente se beneficiarán unos cientos, "no llegarán ni al millar", mientras que con el nuevo camino abierto con la LISTA "podemos intentar que en torno a 4.000 o 5.000 viviendas tengan una espectativa, siempre que decidan asumir el proceso que han de recorrer y pagarlo".
Para aquellas parcelas que no tienen cabida en la Ley, "nosotros seguiremos trabajando con ellas, para buscar un camino de caracter más social, donde se tenga en cuenta la realidad de las personas que las habitan y que también necesitan esos servicios básicos", ha añadido.
¿Y cuáles son las cuestiones que se han quedado sin incluir en la Ley? Según De Gracia, uno de los puntos principales es que a los suelos de especial protección también se les pudiera dotar de servicios básicos, con independencia de que el suelo siga estando protegido. "Si a la gente que está en la zona de la Sierra se les permitiera usar agua potable no tendríamos los arroyos secos, porque no tendrían que tirar de ellos para coger el agua", ha puesto como ejemplo.
En su opinión, la zona de la Sierra, al ser más delicada y protegida, se ha quedado fuera, frente a las parcelaciones de la Vega, como las de la parte de El Higuerón, Villarrubia y Alcolea, donde "va a haber más gente beneficiada".
Entorno de Medina Azahara
¿Qué pasa con el entorno de Medina Azahara? De Gracia ha indicado que la Ley no puede hacer nada más allí. No obstante, en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2001 se les abría un camino para tener servicios y regularizarse, pero en este caso concreto "quien lo impide es la Consejería de Cultura, que tiene puesto encima el pie y no lo libera".
En la actualidad, el CMC está trabajando para que la Consejería levante ese pie, y no hacen falta mecanismos urbanísticos para resolver el entorno de Medina Azahara. Únicamente se requiere voluntad para atender lo que la Unesco apuntó en su día de que es posible la convivencia de estas viviendas con el monumento patrimonial.
"En Medina Azahara bastaría con instalar pantallas vegetales para minimizar el impacto visual"
"Bastaría con instalar pantallas vegetales para minimizar el impacto visual", ha expuesto el portavoz del CMC, para añadir que luego Cultura podría recuperar esos terrenos a base de transacciones económicas, como en su día se hizo con las parcelaciones del entorno del Aeropuerto, mediante un derecho de retracto comprándolas una por una. "Fórmulas hay, pero hace falta voluntad política para aplicarlas", pero lo que para De Gracia no tiene sentido es que La Gorgoja o Las Pitas sigan sin agua o sin luz.
En este punto, el presidente del Consejo ha recordado que la Consejería de Fomento en su día estuvo trabajando dos o tres años con una oficina desde la que se elaboró un documento que decía lo mismo que la Unesco, es decir en primer lugar eliminación de las parcelas, pero en caso de que no se pudiera se aportaba una serie de alternativas razonables. "Ese documento está a día de hoy tan vigente como lo estuvo en su tiempo, pero curiosamente aunque todo el mundo lo tiene, nadie lo encuentra".
Desde el CMC "vamos a seguir trabajando para que los parlamentarios andaluces se den cuenta también de la situación injusta de asedio a las que se tiene sometidas esas parcelaciones negándoles la luz y el agua".
