La provincia de Córdoba se sitúa en la actualidad como la quinta de España con un índice mayor de siniestralidad, y la séptima, además, con más accidentes mortales, según ha expuesto esta mañana el secretario General de CCOO de Córdoba, Rafael Rodríguez, en un encuentro de delegados y delegadas de prevención del sindicato de toda Andalucía, más de 300, que, bajo el título “20 años de intervención sindical en seguridad y salud laboral”, conmemora el XX aniversario de la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Rodríguez remarcó que “es materia de preocupación que nuestras delegadas y delegados hagan su trabajo en las mejores condiciones posibles”.
Los responsables sindicales de Salud Laboral admitieron que la ley “fue avanzada para su tiempo”, como dijo la secretaria de Salud Laboral de Andalucía, Nuria Martínez, y “supuso un cambio radical en la prevención de riesgos”, añadió el responsable estatal, Pedro Linares, quien matizó, no obstante, que dos décadas después de su aprobación “hoy el principal reto que tenemos es intentar adecuarla a los retos que tiene el modelo productivo”. Precisamente a los cambios en el modelo productivo que han producido las reformas laborales achaca el sindicato el incremento en la siniestralidad que se viene produciendo desde 2013.
En los últimos años se está produciendo un incremento de la siniestralidad que el sindicato lo sitúa, principalmente, “por cambios operados en el modelo productivo”, dijo Linares quien añadió que las reformas laborales han generado “problemas de largo alcance” y que “con la alta rotación en el empleo, la precariedad absoluta, la duración tan corta de los contratos –casi el 40% de los contratos que se realizan en España tienen una duración menor de un mes y el 25% duran menos de siete días-, de esa manera es imposible dar formación y dar las capacidades mínimas a las personas cuando se incorporan a un puesto de trabajo”.
“La alta rotación en el empleo, la altísima intensificación del trabajo tanto física como mentalmente está determinando la asunción de riesgos por parte de los trabajadores y trabajadoras y un incremento de la siniestralidad”, remarcó Linares.
En este sentido, “Andalucía con ese 33% de desempleo, una precariedad absoluta, una impunidad tremenda en las empresas para actuar como quieran, una ausencia de inversión de las empresas en medidas preventivas, un aumento tremendo de la economía sumergida con la permisividad de las administraciones para que sea el colchón de la conflictividad social, una pasividad tremenda de las administraciones, y en concreto de la Junta de Andalucía, da como resultado un aumento de la siniestralidad”, señaló el secretario General de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero.
Presión y movilización
Carbonero anunció el inicio de una etapa de presión y movilización para retomar la senda de la prevención porque “está ausente de todo el debate político”. Muestras de ello es que el Gobierno de la Junta aún no haya nombrado director General de Trabajo, Seguridad Social y Prevención, o que se esté desmantelando el Instituto Andaluz de Prevención porque las cuantías de las sanciones por incumplimiento de la ley que se habían comprometido a destinarle no le llegan.
A todo esto se une el traslado de costes de las mutuas al sistema público de salud, que CCOO cifra en unos 500 millones de euros anuales en Andalucía que “se ahorran las empresas” entre las que crece la sensación de impunidad por la falta de una política de prevención.
Por ello, CCOO exige que se dinamice el Instituto de Prevención, que fue “una lucha tremenda y una conquista de los trabajadores”, puntualizó Carbonero, quien insistió en la necesidad de establecer una estrategia para volver a la senda de la disminución de los accidentes de trabajo.
Según datos de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta, hasta septiembre se han producido en Andalucía 65.607 accidentes leves, 5.810 de ellos en Córdoba, 828 graves, de los cuales, 95 en la provincia cordobesa, y 79 mortales, 9 de ellos en Córdoba.
