El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba advierte que no dudará en denunciar ante la Inspección de Trabajo y ante la Justicia tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Córdoba si se detecta algún incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de temperaturas en los centros escolares de la capital cordobesa.
CCOO ha mostrado su total apoyo a los 30 centros afectados por la falta de mantenimiento de los equipos de climatización instalados en los colegios. "Es un esperpento y una tomadura de pelo que la administración autonómica haya invertido en la necesaria climatización de los centros y ahora esos equipos no puedan utilizarse porque el Ayuntamiento no cumple su parte", afirmó el secretario General del mencionado sindicato de Enseñanza, Enrique Guerra.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que los colegios son centros de trabajo para centenares de personas, desde docentes a personal de administración y limpieza, CCOO vigilará el cumplimiento de la normativa en materia de temperaturas. Para ello, se pone a disposición del personal de los centros educativos para resolver cualquier duda al respecto y para denunciar cualquier situación que vulnere la normativa.
CCOO recuerda que la ley establece que la temperatura máxima a la que se puede trabajar en interior es de 27 grados y pide a las personas trabajadoras, especialmente al profesorado, que si detectan temperaturas por encima de este valor, lo pongan en conocimiento de inmediato de su representación sindical y de la dirección del centro para tomar las medidas que correspondan y evitar accidentes y daños para la salud.
Por otro lado, los servicios jurídicos del sindicato estudian ya si el Ayuntamiento de Córdoba puede estar vulnerando los derechos de los trabajadores y trabajadoras al no realizar la necesaria revisión de los equipos de climatización antes de su puesta en marcha y dejar en manos de los equipos directivos de los colegios la decisión de encenderlos sin dicha revisión, bajo su responsabilidad.
“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud de las personas trabajadoras, ni por supuesto la de los y las escolares, por una cuestión meramente económica. La vida de las personas está por encima de los costes de mantenimiento de unos equipos que se han instalado no por gusto, sino por necesidad, porque se estaba exponiendo a la comunidad educativa a importantes riesgos para la salud”, apostilló Guerra.
