El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo (IU), ha tachado hoy de "sorprendente" que la concejal del PP María Jesús Botella critique y pida el "cierre" de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, cuando ella dirigió Servicios Sociales y "no hizo nada a favor de las personas que tenían graves problemas de vivienda".
En declaraciones a los periodistas, el concejal ha lamentado que la edil "ahora en vez de proponer, lo que hace es decir que se cierre la oficina que da soluciones a muchas personas", al tiempo que le ha achacado que "representa al partido causante del sufrimiento de tantas personas", porque "cuando se han hecho leyes para paliar las drásticas consecuencias de los desahucios se ha ido corriendo al Tribunal Constitucional para evitar que se pudieran cumplir en defensa de poderes financieros", ha apostillado.
En este sentido, ha defendido que el gobierno municipal ha puesto en marcha una herramienta para "atender a las personas que sufren este drama humano y ven vulnerado el derecho constitucional a tener una vivienda digna", de modo que con la citada oficina "se da respuestas a muchas familias, que hoy tienen donde acudir y antes no".
Detención de lanzamientos
Al respecto, ha subrayado que "se dan soluciones", como "conseguir que se paren lanzamientos que estaban programados; se media con entidades financieras para conseguir alquileres sociales, y se han conseguido viviendas de entidades para ponerlas a disposición de la gente sin alternativa habitacional".
Además, ha valorado que se trabaja con Cruz Roja y el colectivo Stop Desahucios, al tiempo que se han incrementado las ayudas de emergencia "multiplicando por cuatro" las que había en el ejercicio anterior y se han destinado 650.000 euros para ayudas de alquiler, ha resaltado el edil, quien ha apuntado que "lamentablemente no se dan soluciones a todas las familias por las competencias limitadas en los ayuntamientos", pero ha declarado que "la solución definitiva a los desahucios es legislar a favor de las personas y no de entidades financieras".
Previamente, la propia Botella había lamentado que el gobierno local "se gasta el dinero en entretener a las personas que tienen serios problemas de vivienda y no dan solución" con la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda. Así, la edil popular había criticado que en dicha oficina "no se aportan soluciones para las familias", puesto que "sólo las atienden" y mientras "los recursos van a contratos menores de dudoso interés social e innecesarios para la prestación de servicios, que se pueden hacer a través de lo público".
Al respecto, ha señalado a un pliego para un contrato menor para un servicio de asesoramiento de pobreza energética por 16.000 euros con un plazo de ejecución de cinco meses, cuando, según ella, "se podría haber hecho con coste cero a través de la Agencia Provincial de la Energía", a la vez que ha citado el gasto de "21.000 euros para un servicio de mudanza y guardamuebles en la oficina".
En este sentido, ha advertido de que "mientras los desahucios en España y Andalucía descienden, en Córdoba han aumentado un 4,3%", y en este caso, ha subrayado, la Oficina en Defensa de la Vivienda cuenta con 211.000 euros en gasto de funcionamiento y unos 300.000 euros en gasto de personal.
