Asociación Unificada de la Guardia Civil

La AUGC reclama que la Guardia Civil se reorganice en cuarteles comarcales

La Asociación pide el apoyo de las organizaciones sociales y políticas para que el Gobierno aplique definitivamente sus principales reivindicaciones y redunde en un mejor servicio al país
Alberto Moya (centro) durante su comparecencia en la sede de CCOO de Córdoba
photo_camera Alberto Moya (centro) durante su comparecencia en la sede de CCOO de Córdoba

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha pedido ayuda a las organizaciones sociales y políticas para que el Gobierno aplique definitivamente sus principales reivindicaciones, que fueron acordadas entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales el pasado 12 de marzo de 2018 y publicado en el Boletín oficial del Estado (BOE) ocho días después.

Según ha expuesto esta mañana el secretario general de AUGC, Alberto Moya, en la sede de CCOO de Córdoba, ese acuerdo trataba de acabar con las discriminaciones salariales históricas entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, mejorar las condiciones de trabajo de los agentes a fin de que todo redundara en una mejora de la prestacion de servicios. "Aunque hay que esperar a que se forme Gobierno, existen puntos de ese acuerdo que se pueden ir poniendo en marcha, pero a fecha de hoy se han convertido en incumplimientos", ha señalado.

Guardia Civil 15

Así, por ejemplo, en materia de equiparación salarial fue "la primera en la frente". A modo de ejemplo, un agente de la Guardia Civil percibe por hora festiva trabajada 1,43 euros, es decir 11 euros por toda esa jornada frente a los 290 euros que cobra por un día festivo un policía local de Tenerife. Llevando ese ejemplo a la provincia de Córdoba, el secretario de Comunicación, Rafael Sánchez, ha señalado que en Nochevieja o Nochebuena un agente de la Benemérita cobra 2,86 euros la hora frente, por ejemplo a un policía local de la capital "que llega a los 30,50 euros".

Para ello, se estimaron inicialmente 807 millones de euros, pero se hizo "sin aportar argumentación para ello, en la cantidad máxima para la equiparación salarial, y, además, contraviniendo a la Consultora externa Ernest & Young", de los que el 59% sería para la Guardia Civil y el 41% restante, para la Policía Nacional, además que las estimaciones de necesidad rondan el millar de millones de euros.

Otro incumplimiento más es la cláusula de implementación presupuestaria de 100 millones anuales, para la reincorporación de policías y guardias civiles en segunda actividad. Según Moya, desde las asociaciones profesionales se ha propuesto a la Secretaría de Estado de Seguridad, y sin respuesta, el refuerzo con estos agentes, unos 11.000 en toda España, las unidades con competencias para combatir la violencia de género y prestar protección, ayuda y auxilio a las víctimas en el ámbito familiar, encuadradas en el sistema ‘Viogen’.

Guardia civil de Córdoba

En estos momentos, sólo en la provincia de Córdoba, hay 973 casos activos por violencia de género, mientras que las unidades no dan abasto para atenderlas, por falta de efectivos y en el resto del Estado se llegan a 500.000 caso recogidos entre activos e inactivos (de los que 8.871 son cordobeses). Según Sánchez, únicamente en los siete puestos cordobeses que están activos las 24 horas del día se pueden destinar uno o dos efectivos a esta actividad, pero la idea es que haya equipos especializados en la materia.

Igualmente, estos agentes en reserva podrían suplir a los más de 900 vigilantes privados (ocho de ellos en Córdoba) que hay en los centros penitenciarios por guardias civiles en situación de reserva. Medida eficiente que ahorraría muchos costes al Estado, como los más de 200 millones de euros que ya se han invertido y los 64 millones que se gastarán a partir de enero de 2020, y además evitaría problemas añadidos, como está ocurriendo en varias prisiones debido a la insolvencia e impagos de la empresa Ombuds.

Otras demandas que requieren el apoyo de la sociedad en su conjunto es la modernización del cuerpo, que se conseguiría con una reordenación del complemento retributivo de productividad y la regulación de la jornada laboral, ya que es el íunico cuerpo funcionaria de emergencias que no tiene turnos.

Agentes de la Guardia Civil de Córdoba en la protesta de Madrid 2

Otra medida necesaria es la reorganización territorial y funcional de las unidades de la Guardia Civil, cerrando definitivamente los cuarteles que, de facto, están inoperativos, y agrupando los puestos en un punto a nivel comarcal. Y es que adía de hoya, el 85% de los puestos de seguridad ciudadana de la provincia de Córdoba sólo abren en horario de mañana, y no todos los días, y únicamente siete puesto, con más de 35 agentes, pueden abrir sus dependencias durante las 24 horas.

La falta de personal es también un problema acuciante. Según Sánchez en la provincia hay 170 vacantes que no se cubren y cuando salen promociones la provincia "es la última en Andalucía en recibir refuerzos y además los destinan a lugares donde menos se necesitan, y es de las últimas a nivel nacional". Las razones pueden ser en que se percibe la provincia como segura, aunque la AUGC ha alertado que ha subido la criminalidad en un 2,7% respecto a 2018, año en el que se habían incrementado ya un 4,2% respecto de 2017.

Nuevas agresiones en Puente Genil

Eso conlleva, además, situaciones de riesgo como lo que ocurre en Puente Genil, donde "se han producido nuevas agresiones hace dos noches", o que el puesto de Peñarroya esté en una situación "crítica" con la mitad de la plantilla, según la Asociación.

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A esto se añade que hay 50 cuarteles en Córdoba, dos dependencias provisionales, en La Carlota y Espejo, que "tendrían que ser cuarteles", y 733 pabellones de viviendas, de los que 467 están desocupados y hay 109 calificados como inhabitables.

Frente a estas situaciones, la AUGC va a plantear sus necesidades en las principales capitales de provincia del país para recabar ese apoyo de la sociedad, y de hecho la de Córdoba es la segunda exposición tras haber pasado primero por Tenerife y la advertencia es clara: "Iniciaremos una escalada reivindicativa, anunciando acciones, fechas y lugares, incluida la posibilidad de ejercer su derecho de reunión y manifestación". Aunque ya se ha dado un primer paso impulsando una petición de derecho individual dirigida al Ministro del Interior, de las cuales ya se han cursado ya miles, una buena parte de ellas en la provincia de Córdoba.