La delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha presentado este viernes, con motivo del Día de los Derechos Humanos, el documento de 20 años de asesoría jurídica en contextos de exclusión que permite crear un perfil medio de la persona en situación de vulnerabilidad y sus principales dificultades para acceder a los derechos básicos. Así, se desprende que dicho perfil es el de una mujer española, de entre 26 y 50 años, soltera y desempleada, que acude mayoritariamente por cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda, prestaciones sociales o pensiones.
Así lo ha indicado la asociación en una nota en la que ha detallado que el documento pretende "poner de relieve las situaciones de vulneración de derechos fundamentales que sufren las personas más vulnerables de la ciudad de Córdoba", tal y como ha detallado el delegado provincial de APDH-A en Córdoba, Carlos Arce.
En este contexto, APDH-A, con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, lleva prestando desde hace dos décadas un servicio de asesoría jurídico-social dirigido a las barriadas necesitadas de transformación social, a las personas presas y sus familiares y a las y los cordobeses en situación de sinhogarismo.
El objetivo de la asesoría es "facilitar herramientas jurídicas a la ciudadanía en riesgo de exclusión para un adecuado ejercicio de sus derechos", pero también ha permitido a la organización tener un conocimiento directo de las realidades de pobreza y vulneración de derechos que se dan en la capital.
Las cifras del estudio, que se refieren al periodo 2014-2021, ya que de antes no se tienen registros, muestran que durante esos ocho años, la asesoría de APDH-A Córdoba ha atendido a 590 personas y gestionado 660 expedientes en la sede de la delegación, situada en Las Moreras. Además, se han realizado unas 582 asistencias en el centro penitenciario.
De todas estas atenciones, la asociación concluye que "cerca del 59 por ciento de las personas usuarias son mujeres, lo que confirma la recurrente feminización de la pobreza", aunque también "son ellas el motor de transformación de los barrios con problemas de exclusión y las que lideran la lucha por sacar de la pobreza a sus familias".
Por otro lado, ha asegurado la delegación de la APDH-A, los datos sobre la nacionalidad "desmienten una vez más el falso prejuicio de que las personas de origen migrante copan todos los recursos sociales, pues una aplastante mayoría de las personas usuarias son españolas (el 86%)".
En cuanto a la edad, "es coherente el hecho de que sea la franja de 26 a 52 años la mayoritaria (52%), ya que es el periodo vital de mayor actividad laboral y cuando se tienen hijos menores a cargo, y por lo tanto, es habitual que sean las personas de estas edades las que se ocupen de buscar los recursos para atender las necesidades familiares", ha afirmado la asociación.
Además, ha añadido que es significativo que "solo el 24 por ciento de las personas atendidas estén casadas o sean pareja de hecho, mientras que el 64 por ciento estén solteras, divorciadas, separadas o viudas". Estas cifras dan cuentan de la alta prevalencia de familias monoparentales, en su inmensa mayoría encabezadas por una mujer, tipo de unidad familiar que suele copar los primeros puestos de las estadísticas oficiales de pobreza y exclusión.
La APDH-A ha explicado que el empleo es uno de los pilares esenciales para la inclusión social y, "en este aspecto, el panorama no puede ser más demoledor: el 63 por ciento de las personas usuarias están en situación de desempleo". Y entre las escasas personas que tienen un puesto de trabajo, ha detallado, "la práctica totalidad se desempeñan en sectores con una altísima precariedad laboral: limpieza, hostelería, venta ambulante y agricultura".
ACCESO A LA VIVIENDA
En lo concerniente a las materias donde tienen mayores dificultades para ejercer sus derechos, destaca negativamente el acceso a la vivienda, otro de los factores claves en la lucha contra la exclusión. El 37 por ciento de las personas usuarias afirman tener "problemas de vivienda" y un 23 por ciento de los expedientes "están referidos a vulneraciones de este derecho".
El otro "gran foco de preocupación de la asesoría", según la APDH-A, son las prestaciones sociales y pensiones, que aglutinan el 18 por ciento de los expedientes. Estas fuentes de ingresos son esenciales para un sector social con unos niveles de desempleo o de discapacidad/enfermedad crónica grave, el 29 por ciento de las unidades familiares atendidas tenían algún miembro en estas circunstancias, muy por encima de la media. Tan solo el 23 por ciento, recibe una prestación pública, mientras que otro 22 por ciento afirma tener ayudas económicas de carácter informal.
Para concluir, APDH-A Córdoba ha afirmado esperar que el estudio "colabore en la sensibilización de la ciudadanía respecto a las realidades de exclusión y vulneración de derechos que se dan en la ciudad", así como "en la reivindicación a los poderes públicos de las medidas políticas imprescindibles e inaplazables para su erradicación".
