La licitación del Cercanías cordobés no será todavía una cuestión inminente, ya que, tal y como ha adelantado esta mañana la alcaldesa socialista de Córdoba, Isabel Ambrosio, antes de llevarlo a la mesa de la Junta de Gobierno Local (JGL) hay otros órganos, como es el caso de la Intervención municipal, "que tienen que informar antes", aunque la Asesoría Jurídica ya le haya dado el visto bueno al expediente para la adjudicación, según ha informado en su edición de hoy el Diario Córdoba.
"Ese informe de alguna manera interpreta esa iniciativa y el compromiso político del Ayuntamiento de Córdoba con el Cercanías", ha aclarado Ambrosio, y eso significa que "estamos dando los pasos para hacer posible ese tipo de transporte público dentro de nuestras competencias".
En cualquier caso, la regidora ha advertido de inmediato que "todavía queda un poco" para ver esa realidad en marcha, si bien "hoy tenemos muchas más certezas de que esta más cerca que hace unas semanas", ha añadido a modo de aclaración. Eso supone también que existe un "compromiso firme" desde el Ayuntamiento para con una iniciativa que viene avalada por una comisión de participación en la que todos los actores, especialmente quienes tienen que ver con el transporte público en esta ciudad y los vecinos, "dieron un sí rotundo".
El contrato aludido por la Asesoría Jurídica municipal, según el rotativo cordobés, habla de autorizar por una cuantía de 4,43 millones de euros el gasto que supondrá al Ayuntamiento la contratación, con cargo a las anualidades de 2017 (467.698 euros), 2018 (2,21 millones) y 2019 (1,74 millones).
Siempre según la misma fuente, en su informe la letrada responde a la Intervención municipal y al titular del órgano de apoyo a la Junta de gobierno local que "no es necesario cumplimentar, antes de proceder a la contratación del servicio público» la tramitación señalada por estos dos órganos y que pasaba por que el Pleno aprobara la asunción del servicio "porque dicho servicio no es ni puede ser titularidad del Ayuntamiento ni es, evidentemente, una actividad propia del municipio".
Comunicado de la Plataforma Metrotrén
La noticia salta a la actualidad después de que el presidente de la Plataforma Metrotrén ¡ya!, Israel Ortega Padilla remitiera un comunicado público en el que alentaba el silencio reinante en torno a esta iniciativa desde el anuncio del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar, de que el Metrotrén sería declarado como Obligación de Servicio Público, lo que significaba que sería sufragado su coste de explotación por la Administración General del Estado y no por el Ayuntamiento de Córdoba como estaba previsto.
De ahí que siguieran en el aire cuestiones de preocupación pública como las "frecuencias y horarios que tendrá el Metrotrén", el precio de los billetes y bonos, "¿qué papel tendrá el Ayuntamiento en el Metrotrén? Entendimos que ya no era necesario el convenio que se estaba preparando", o si "¿será el Metrotrén catalogado por Renfe como Cercanías o como Media Distancia de modo análogo al actual servicio del tren al Campus de Rabanales?".
A esta situación de falta de respuestas se une, en palabras de Ortega, la incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, y la inquietud de "si realmente el inicio de la puesta en servicio del Metrotrén será en enero, o se volverá a retrasar esta meta, tantas veces aplazada, aunque esta vez sea otra administración la responsable".
Unas preguntas que la Plataforma reclama tengan respuesta desde el Ministerio de Fomento.
