El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) debatirá y muy probablemente sacará adelante mañana la ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE), que el concejal de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), ha calificado hoy de "amable, responsable, solidaria y no coercitiva", y para la que ayer mismo, lunes, se ultimaron los detalles para que se elevara con el visto bueno del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).
Prácticamente lo que se ha hecho es adaptar a la Lista el texto antiguo de un proyecto de ordenanza que ya ha experimentado varias prórrogas y que se movía con articulado de la antigua LOUA y se han añadido elementos actuales a lo que es el mero estado del edificio, como la accesibilidad, la conservación y la eficiencia energética.
Se denomina Ordenanza de Conservación, Rehabilitación, Evaluación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (OCRER) y se va a tratar de dar un tiempo suficiente y prudencial a propietarios y comunidades de propietarios para realizar esa evaluación de los bloques que tengan más de 50 años en la ciudad.
Según el calendario planteado en la ordenanza, para los edificios que tengan más de 100 años hay 24 meses para presentar un formulario que hay en el anexo del texto, es decir has finales de 2025, teniendo en cuenta que se calcula que para diciembre de este año sería su aprobación definitiva.
Para residencial colectivo de 75 a 100 años, la fecha tope para tener presentado el formulario es el 13 de diciembre de 2026. Para los que tengan entre 50 y 75 años, hasta el 31 de diciembre de 2027 y para los que estén en 50 años a fecha de 31 de diciembre de 2023, tienen hasta el 31 de diciembre de 2028. Es decir que hay unos cuatro años para ordenar y comprobar el grado de accesibilidad y de eficiencia energética del parque inmobiliario de la capital.
Fuentes también se ha referido a las ayudas que habrá para realizar esas inspecciones, que, evidentemente, incluirían además del diagnóstico las actuaciones pertinentes que habría que realizar para mejorar las estructuras. De este modo, el concejal ha comentado que en los Presupuestos de 2024 habrá que incluir una memoria económica que como mínimo incluirá 500.000 euros para empezar a funcionar, opero ya ha avanzado que, en caso de continuar gobernando, no le van a doler prensa incluir "uno o dos millones", porque estas cuestiones "sí son hacer ciudad".
De igual modo, ha señalado que se han firmado convenios con arquitectos y arquitectos técnicos de modo que esas evaluaciones salgan por un precio asequible.
El edil popular ha recordado que la ordenanza no tiene régimen sancionador, aunque se recuerda las consecuencias derivadas de la inacción y que podría terminar en una actuación del Ayuntamiento de formas subsidiaria para evitar males mayores por dejadez o desidia.
Los tiempos serán una aprobación inicial mañana en le Consejo rector de Gerencia. Elevar el texto a la asesoría Jurídica Municipal, el Consejo Social y el CMC para que en un mes o mes y medio estén presentadas las observaciones pertinentes. La Junta de Gobierno Local (JGL) tendría que aprobarla entonces y contaría con una aprobación inicial en la GMU, un periodo de expocisión pública más alegaciones, y entraría en vigor en 2024.
