El juicio que quedó suspendido el pasado 12 de septiembre por el despido de 20 trabajadores de la planta de Panrico en Puente Genil, propiedad del Grupo Bimbo, se celebrará mañana jueves dividido en dos piezas. Por un lado, se celebrará una vista para dirimir si los trabajadores podían ser incluidos en el ERE del cierre de la fábrica de Sevilla de la que provenían y, por otro, se enjuiciará el despido de dichos trabajadores.
El acuerdo por el que estos trabajadores se reubicaron en Puente Genil establecía que con el dinero de las indemnizaciones se construiría una nave nueva que acogería una de las líneas de trabajo de Sevilla, como así fue. Sin embargo, la empresa no pudo cumplir su promesa de reincorporación en la fecha prevista y con el fin de que no agotaran el desempleo la empresa ofreció a los trabajadores una excedencia retribuida durante dos años de 700 euros mensuales.
Así, se formaron dos grupos: El primero, formado por 87 trabajadores, a los que se les garantizaba ocupación efectiva y un segundo de 57 trabajadores a los que no se les podía garantizar un puesto de trabajo y a quienes se les ofreció hacer sustituciones mientras estaban en excedencia en los centros de Madrid, Valladolid y Puente Genil.
A este segundo grupo pertenecen los veinte trabajadores despedidos después de más de año y medio trabajando en Puente Genil que entienden que son trabajadores fijos de la planta pontanesa y que, por tanto, su despido a la conclusión del ERE es improcedente.
Tras los despidos, los afectados reanudaron la prestación por desempleo que iniciaron tras el cierre de la fábrica de Sevilla, y debido a las dos suspensiones que han sufrido los juicios por sus despidos, algunos de ellos ya han agotado dicha prestación y el resto está a punto de agotarla. Esto supone que algunas familias están viviendo una situación económica muy complicada, habiendo tenido que acudir incluso a los servicios sociales para cubrir sus necesidades básicas a causa de los incumplimientos de la empresa.
Por ello, tanto el sindicato como los trabajadores, algunos con más de 30 años de antigüedad en la empresa, esperaban que la empresa entrara en razón y readmitiera a los trabajadores despedidos sin necesidad de llegar a los juicios de mañana, pero no ha sido así, por lo que ahora confían en que la justicia reconozca la improcedencia de sus despidos.
