Las siete asociaciones vecinales del Casco Histórico -Puerta de Almodóvar, la Medina, la Axerquía, Regina-Magdalena, San Lorenzo Existe, Galea Vetus de San Agustín y la Fuenseca-Santa Marina-Orive- han acusado, a través de una nota pública, al actual gobierno municipal de actuar "de manera negligente e irresponsable" ante el reto de la emergencia climática y la crisis energética, por lo que "reclamamos no ser discriminados y nuestro derecho al sol".
Todas esas asociaciones vecinas han advertido también que la propuesta que se llevó al último consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "no cambia nada" la situación actual, porque mantenía la vigencia del Acuerdo de 2007, es decir la prohibición de placas en todo el Casco Histórico, excepto en las Zonas Renovadas, unas 400 viviendas, que representan el 10% del Casco Historico.
Por tanto, no respondía a las demandas ciudadanas. Los vecinos y vecinas "pedíamos anular el Acuerdo de 2007, que prohíbe la instalación de placas fuera de las Zonas Renovadas, sustituyéndolo por un nuevo acuerdo que permitiese su instalación cumpliendo ciertos requisitos", arden en la nota. Eso quiere decir que la propuesta que se llevó al consejo rector mantenía la actual situación de "discriminación y exclusión del 90% de las viviendas del Casco Histórico" de una energía abundante y barata como la solar.
Para el resto de zonas del Casco Histórico seguía la prohibición y la propuesta era iniciar una innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, con una tramitación entre uno y dos años, que regularía la posible autorización de placas sin asegurar en qué condiciones. En resumen, "casi dos años de prohibición y después ya veremos cómo".
En segundo lugar, las asociaciones vecinales del Casco Histórico "nunca hemos pedido 'barra libre' ni permitir la instalación de placas solares de cualquier modo y en cualquier caso, han advertido. Y es que el Casco Histórico de Córdoba es un casco vivo, un lugar donde vivir, debiendo ser compatible el desarrollo de la actividad turística con la vida y la convivencia vecinal, con la protección del patrimonio histórico.
En este sentido, "siempre hemos reclamado una regulación que aborde las necesidades reales de las familias y servicios, con criterio de eficiencia, ágil administrativamente, y que responda tanto al derecho al acceso a un suministro esencial como la energía, como a los retos de la emergencia climática y la crisis energética", asegura en el mismo comunicado hecho público esta mañana.
Finalmente, indican que durante estos dos años han intentando en múltiples ocasiones sin éxito iniciar un diálogo y trabajar conjuntamente con el delegado de urbanismo, Salvador Fuentes (PP), para encontrar una solución. Un tiempo en el que "se nos ha estado diciendo que se estaban realizando diversas consultas, estudios y gestiones, pero resulta que al solicitar el expediente en la Gerencia de Urbanismo nos hemos encontrado que no había nada".
Por ello estiman que esta "actitud negligente" del gobierno municipal ha ocasionado un perjuicio económico a cada hogar de más de 2.500 euros, derivado de la subida en el precio de la luz, el incremento del coste de las instalaciones, y la exclusión de las ayudas y subvenciones. Ahora, "nos quieren meter en un proceso administrativo de innovación del Plan del Casco Histórico, que supone años de trámites, que juzgamos innecesario y del que es realmente difícil ver el fin".
Todo ello ha llevado a convocar al vecindario de la zona a una asamblea abierta, que tendrá lugar el próximo jueves, 9 de marzo, a las 18.30 horas, en el Parque de Orive, para abordar entre todos esta situación, continuar con las movilizaciones y conseguir, "de una vez por todas", que el gobierno municipal, con el presidente de la Gerencia de Urbanismo y el alcalde, José Marí Bellido (PP), a la cabeza, "dejen de tomarnos el pelo y cesen en su empeño de seguir negándonos el acceso al sol".
