El despotismo nada ilustrado engendra demenciales "profesionales" de la política como perversa forma de destripar los bienes culturales que pertenecen al conjunto de los ciudadanos y, por ende, deben ser esencialmente inviolables. Un ejemplo de todo ello es lo que está perpetrándose con la Filmoteca de Andalucía en las últimas semanas.
Recapitulemos. El pasado 30 de octubre la Junta de Andalucía, sin previo aviso, sorprendió anunciando que se procedería, sin dilación ni consultas, al traslado de las dependencias de la Filmoteca de Andalucía desde su sede actual, que ocupa desde diciembre de 1989 en pleno casco histórico y con una implantación consolidada en el ámbito cultural de la ciudad tras más de 25 años de trabajo continuado, al edificio del llamado Espacio Andaluz de Creación Contemporánea, popularmente conocido como C4, alejado del centro y que desde su entrega en 2013 permanece vacío y sin actividad (su coste rondó los 30 millones de euros), acaparando polvo y desidia institucional a partes iguales.
La Filmoteca de Andalucía, cuya sede principal es Córdoba (dispone de subsedes en Sevilla, Granada y Almería), tiene un emplazamiento privilegiado, puerta con puerta con la Mezquita, por lo que en este anuncio de recolocación o encubierto desmantelamiento cabría vislumbrar una artera y calculada maniobra para ampliar el Palacio de Congresos, edificio anexo al suyo, y promover un uso únicamente turístico y crematístico en detrimento de una actividad cultural que no persigue fines económicos, dado que su campo de influencia no es pesable en términos contables, pero sí en divulgación y en conocimiento.
Este nuevo intento de "deshacerse" de la Filmoteca por la vía de su desubicación (en 2012 hubo movimientos similares que se abandonaron, pues se toparon con la presión social) se presenta como una decisión unilateral de la consejera de Cultura de la Junta, Rosa Aguilar, dando cobertura a una propuesta descabellada del no menos estrambótico partido Ciudadanos. Aguilar, exalcaldesa de Córdoba con IU y actualmente militante del PSOE –lo que le valió la expulsión de su partido y aceleró su conversión católica–, es la artífice de la fallida candidatura de Córdoba a la Capitalidad Cultural europea de 2016 (que finalmente obtuvo San Sebastián) e impulsora del C4 para reforzar aquella efímera pretensión, no respaldada mayoritariamente por la población. Aguilar ha prometido que esta instalación se abriría al público sí o sí en 2017 y, ante la hipotética inexistencia de un plan gestor director para dotar al C4 de contenidos, se procede ahora a cubrir el expediente con la ejecución del traslado de la Filmoteca –iniciado el 17 de noviembre–, algo que, como recordó en su día el anterior alcalde de la ciudad, no contemplaba ni remotamente la señora Aguilar años atrás.
Incrustar de mala manera la Filmoteca de Andalucía en el C4 constituirá, además de un nuevo y sospecho que elevado gasto por la readecuación de un centro que no fue creado para albergar una cinemateca, desvirtuar las funcionalidades para las que se creó, y representa, a mi modo de ver, un flagrante incumplimiento de los objetivos con los que los arquitectos Nieto-Sobejano construyeron ese contenedor cultural. En la descripción/defensa de este edificio indican sus autores que el C4 fue «concebido como lugar de cruce y encuentro, es un espacio común donde poder exponer e intercambiar ideas, ver una instalación, acceder a exposiciones, visitar el café, entrar en la mediateca, esperar el inicio de una representación en la caja negra, o quizá asomarse al Guadalquivir». Ni media palabra referida a usos cinematográficos o asimilados.
Ante la desgraciada sucesión de "hechos consumados" con los que la ciudadanía parece enfrentarse, un nutrido grupo de usuarios de la Filmoteca de Andalucía se ha constituido en plataforma cívica para defender sus derechos al tiempo que tienen activadas páginas en las redes sociales Facebook y Twitter desde las que permanecer informados sobre la marcha de los acontecimientos, compartir las líneas de reivindicación a seguir y mantener tan viva como se pueda la llama de su oposición a esta monumental injerencia en el sentir mayoritario del tejido civil. Se ha iniciado, asimismo, una recogida online de firmas en Change.org que ha superado ampliamente el millar de apoyos.
La decisión de la polémica consejera cordobesa –que parece remar contra los designios de su propia ciudad, llevada quién sabe por qué destructivos sentimientos– ha empezado ya a ser contestada masiva y enérgicamente desde blogs y páginas de opinión de la prensa local y nacional, tanto la de papel como la digital; igualmente, colectivos culturales y políticos de la ciudad han mostrado su oposición a la incongruente decisión de tan controvertida política, que acostumbra a mudar de opinión dependiendo de los caprichos o "favores contraídos" por sus jerárquicos superiores inmediatos, sin que ello le afecte especialmente más que, pongo por caso, cambiarse de chaqueta. Tristísimo panorama.
