Ampliar una casa, rehabilitarla o incluso construir una piscina en una parcela, todo esto sin haberlo notificado debidamente al Catastro supone un fraude que en la provincia de Córdoba ha dejado más de 21 millones de euros. Estas irregularidades, que en el caso de Córdoba ascienden a 22.500 repartidas en inmuebles rústicos y urbanos, han sido detectadas gracias a la intensa labor de vigilancia que el gobierno del PP ha llevado a cabo desde el año 2013 dentro del Plan de Regulación Catastral,
Este plan ha detectado hasta la fecha 22.500 inmuebles que no se encontraban registrados, ya sean de nueva construcción o bien por añadidos o modificaciones. Una vez regularizados ha supuesto a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba unos ingresos de 21 millones en concepto de IBI. Aún así estos datos no son definitivos ya que corresponden solamente a 31 municipios de la provincia, entre los que se encuentran Montilla, Villa del Río, Pedro Abad, Bujalance, El Carpio o Priego. Aún faltan por hacer sus deberes otros 43 municipios, entre los que se encuentra el ayuntamiento de la capital y otros como el de Pozoblanco, Puente Genil o Lucena. De esta forma, los 21 millones de euros en concepto de IBI recaudados hasta la fecha, se podrían incluso triplicar una vez que se tengan los datos de recaudación de los 75 municipios cordobeses.
La forma en la que se ha comprobado estas supuestas irregularidades ha sido mediante la toma aérea de imágenes mediante satélites o drones que han permitido captar imágenes de las viviendas a día de hoy y compararlas con su imagen catastral de hace unos años. En caso de detectar irregularidades, el Catastro estima en qué momento se construyó o modificó el inmueble, de manera que le pasan a cobro al propietario los recibos del IBI actualizados desde ese momento, con un límite de cuatro años de retroactividad. Si bien este Plan de Regularización ha beneficiado a los ayuntamientos, para el PSOE los grandes perjudicados son los ciudadanos. Según ha explicado el diputado socialista, Antonio Hurtado, debido a este "catastrazo" son muchos los vecinos que han tenido que pedir ayuda para hacer frente al pago de estas sanciones ya que "se les ha liquidado cuatro años atrás"
Hurtado ha explicado que el PSOE había apostado por un proceso de regularización "voluntario" con un plazo de seis meses, y en caso de que no se produjera la regularización voluntaria que se aplicara el gravamen correspondiente tal y como se está aplicando".
