El comité de empresa de Aucorsa ha culpado de los "altos" niveles de absentismo en la empresa, a los que aludió su presidente, Bernardo Jordano (PP), en el Pleno del pasado jueves, "a los inadecuados ritmos de trabajo que soportan los conductores y las conductoras" y a la "falta de personal teniendo que pedir la empresa a la plantilla que venga a trabajar estando de descanso e incluso de vacaciones y habiendo aún cinco personas en una bolsa de trabajo esperando para entrar, y que nos tememos que a final de año volverán a pagar miles de horas extraordinarias por no contratarlos a tiempo".
Igualmente, el comité indica en un comunicado público que tienen también la culpa de ese absentismo los "vehículos que sobrepasan los 20 años de antigüedad, superando el millón de kilómetros y que en el anterior mandato no han hecho prácticamente nada por solucionar, llegando incluso en campaña electoral a afirmar el alcaldable, señor Bellido, a este comité de empresa que 'la compra de vehículos sólo era un problema de dinero', restándole importancia".
Por eso, el comité de empresa de Aucorsa considera que el gobierno local "lo que debería hacer es preocuparse por tener una Flota renovada cada 10 años para prestar un servicio de calidad y no arremeter contra sus propios trabajadores que lo dan todo para que el servicio salga diariamente".
Esa reacción viene a cuento tras las palabras de Bernardo Jordano en la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto vacacional (que se adelanta a finales de julio), quien justificó la contratación de un detective privado para demostrar que un trabajador que estaba de baja laboral se marchó fuera de la ciudad a un lugar vacacional.
Así, tras sus declaraciones, "nos vemos en la obligación de emitir un comunicado en aras de aclarar y desmentir la mayoría de afirmaciones que ha realizado respecto al despido improcedente por sentencia judicial, de uno de nuestros compañeros", comienza la nota. Lo primero que han querido aclarar es que "no somos funcionarios", como los calificó Jordano en el Pleno. "Y si así lo piensa, no tenemos ningún problema en firmar a la mayor brevedad posible lo que haga falta para que así sea y llevar a cabo esa equiparación", indican medio en broma medio en serio.
De igual modo, el comité asevera que "no se puede admitir que una empresa pública contrate con dinero público a detectives para investigar a uno de sus trabajadores porque crea que pueda estar haciendo fraude a la Seguridad Social, recordar que estaba de baja laboral, y así tener argumentos para proceder a un despido".
Un despido que el comité ha insistido en que "la justicia lo ha declarado improcedente", y echa en cara a la empresa "estar dispuesta a pagar con dinero público la indemnización, en lugar de readmitir al trabajador como debería ser" cuando "lo que tenía que haber hecho la gerente es denunciarlo a la Inspección de Trabajo y que ésta hubiese hecho las investigaciones oportunas asumiendo el coste".
En su nota, el comité alude a lo que se ha publicado en prensa al respecto. Y es que, al parece, un medio de comunicación ha tenido acceso al expediente disciplinario. "¿En este caso no importa la protección de datos de la que hace alarde la empresa, pretexto que utiliza constantemente para negarnos información que se le solicita en el desempeño de nuestra labor sindical y que tenemos derecho por Ley? Cuando le interesa se ve que no", denuncian.
Concretamente, en el caso que salió a la palestra en el Pleno, a preguntas de la oposición en la anterior sesión plenaria de julio, "se ve que le interesa difamar contra el trabajador para intentar convencer de que no se ha equivocado con la decisión del despido y por ende el despilfarro de dinero público, proveniente de los impuestos que pagamos".
El comité aprovecha su nota para "desmentir varias declaraciones del presidente". Asegura que no fueron ellos los que denunciaron este caso. De hecho, "se enteró en el mismo momento, junto al afectado, del expediente disciplinario y la propuesta de despido".
Jornada señaló en el Pleno que en el último episodio de baja médica el investigado acumulaba 360 días seguidos, "cuando en realidad se dio de baja el 20 de junio, el seguimiento con los detectives fue a finales de agosto y la carta de despido fue el 28 de septiembre, es decir, todo ocurrió en apenas tres meses".
Asimismo el presidente habló de "aviso de los propios empleados" para justificar el inicio de la investigación, y "no compartimos esas declaraciones si se refiere a lo contenido en el expediente disciplinario, ya que en él se describe a un Jefe de Área aduciendo un 'vago' pretexto como inicio del procedimiento".
El comité de empresa de Aucorsa ha recordado, por último, que el juez que dictó la sentencia consideró que los actos que realizó el trabajador estando de baja "no eran incompatibles con sus problemas de salud y que en ningún momento se vieron agravados, por lo que el despido lo declaró improcedente; es de justicia y de sentido común que la empresa debería haber admitido al compañero".
