El portavoz de la Plataforma Stop Casas de Apuestas, Miguel Ángel Aguilera, ha informado de que el colectivo ha elaborado un proyecto de iniciativa legislativa popular (ILP) a nivel de Andalucía, que se presentará en breve al PSOE, Unidas Podemos, Adelante Andalucía y quizá también a Ciudadanos para que la sitaución en la comunidad autónoma dé un giro de 180 grados sobre las salas de juego, sobre las que hay ahora excesiva permisividad.
Aguilera ha explicado que se plantea sobre todo a los partidos de izquierda por ser los que más abiertamente están en contra de la proliferación descontrolada de estos negocios, pero también con Ciudadanos, ya que en Alacalá de Guadaira (Sevilla) el Ayuntamiento aprobó, con el voto afirmativo de la formación naranja, una modificación del PGOU para determinar distancias mínimas entre salas y entre éstas y centros educativos, deportivos y culturales. "Si votaron a favor de eso, podrían estar también de acuerdo con la iniciativa legislativa popular", ha explicado el portavoz.
La ILP se planteará, igualmente, en la mayoría de los ayuntamientos andaluces para recabar el apoyo institucional de carácter local.
Lo que defiende esa ILP no es novedoso, sino que trata de hacer ley las demandas de la Plataforma, a saber que haya más control para entrar en las casas de apuesta; que haya una distancia mínima de 500 metros a la redonda entre negocio y negocio y de otros 500 metros de separación entre uno de esos salones de apuestas y un centro educativo, una instalación deportiva o una infraestructura de uso cultural.
Esto se complementará con otra propuesta para regular el juego on-line, pero se trata de otra iniciativa diferente a la anterior, ha señalado.
Con esa ILP la Plataforma pretende que las iniciativas que han ido surgiendo en los municipios no queden en agua de borrajas debido a que los ayuntamiento carecen de competencias, tal y como ha ocurrido, sin ir más lejos, en el Consistorio cordobés. De salir adelante, cada administración local la tendría que adaptar a su idiosincrasia particular con un desarrollo posterior.
¿Y qué pasará con las salas de juego que ya estén funcionando y que incumplan esa normativa? Pues resulta que tienen solución. "Sólo había que darle un poco de vueltas a la cabeza y ha surgido". Miguel Ángel Aguilera ha explicado que cuando se abre uno de esos negocios no es sine die, sino que "es por un tiempo limitado". Sencillamente se trata de no ampliar el permiso de actividad más allá de ese plazo. "Es algo que se debería revisar y una solución buena a ese problema que requiere, por supuesto, de voluntad política", ha añadido.
