La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha remitido un escrito a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, para recordarle que el Ayuntamiento sí tiene competencias para modificar los plazos para realizar los obligatorios Informes de Evalución de Edificios (IEE), las antiguas Inspecciones Técnicas (ITE), por lo que le ha solicitado que retrase esa obligatoriedad hasta el 28 de junio de 2018.
De este modo, los representantes vecinales han respondido a las recientes palabras del concejal de Urbanismo, Pedro García (IU), quien llegó a señalar que se trataba de una imposición legal en la que el Consistorio poco o nada podía hacer, salvo mediar entre propietarios que han de realizar el citado informe y la Administración que lo solicita, que no es otra que el Gobierno central.
La carta indica que Al-Zahara lleva tiempo trabajando en la idea de evitar "Los costes inasumibles que para el vecindario va a resultar la obligación de elaborar" los informes. Según la norma, los edificios que tienen más de 50 años están obligados a tener su IEE hecha en cinco años y eso supone que para los que tienen más de un siglo de existencia o los que se encuentran en entornos calificados BIC (Bien de Interés Cultural) el plazo finalizaría el próximo día 31.
De avanzada edad y sin medios económicos
Pero el presidente de Al-Zahara, José Rojas, que es quien firma la carta, aclara que el nuevo Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, permite una salida a este problema para muchos de los habitantes del Casco Histórico cordobés, ya de avanzada edad y que carecen de medios económicos para afrontar unas rehabilitaciones y reformas que tendrían carácter obligatorio.
Esa salida, en forma de disposición transitoria segunda, es que se aplaza hasta el 28 de junio de 2018 la fecha para aquellos edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que a fecha de 28 de junio de 2013 tuvieran ya una antigüedad superior al medio siglo. Igualmente, la nueva normativa señala que para el resto de edificios el plazo es el que "determine la normativa autonómica o municipal", que incluye las viviendas unifamiliares y un calendario más exigente de aplicación, añade la misiva.
Con todo esto en cuenta, Rojas ha planteado que "se adopten los acuerdos necesarios", y se sugiere la fórmula del acuerdo plenario, "para que antes de fin de año ninguna vivienda tenga que presentar ningún tipo de informe de forma obligatoria antes del 28 de junio de 2018", con la salvedad de aquéllas que soliciten ayudas públicas a la rehabilitación.
