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La Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel y 5.400 euros de multa para cada una de las personas físicas, así como 7.200 euros para cada una de las dos jurídicas. Por su parte, Inverseed ha pedido para cada uno de los procesados cuatro años de prisión por la supuesta comisión de un delito de alzamiento de bienes

Si el Ayuntamiento produjera y comercializara su propia energía no sólo se produciría un ahorro mínimo del 5% del coste, sino que, como en el caso del agua, se podría garantizar un suministro mínimo vital