Tercer episodio de oscuridad en el barrio de Las Moreras que de forma recurrente sucede en pocos meses y que afecta a tres calles y, de nuevo, a la Plaza de La Peineta, perimetrales al Patio Peña Aguayo. A instancias de la Asociación Vecinal La Palabra, la Federación de Asociaciones Haz Tu Futuro, que preside Manuel Ortega, ha registrado en sede electrónica del Ayuntamiento sendos escritos dirigidos al alcalde, José María Bellido (PP), y al concejal de Infraestructuras, David Dorado (Cs).
En ellos se plantea que se implementen las medidas propuestas contenidas en el informe del Defensor del Pueblo Andaluz para evitar que barrios obreros vean cercenados sus derechos y se insiste en la necesidad de que ese barrio sea declarado Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), "que ahora la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) considera inncesaria como el alcalde, si bien en el caso de Bellido, a tenor de que no se reúne, a pesar de la gran cantidad de escritos y de dos cortes de carretera en ese sentido, sólo lo suponemos".
A la Delegación del Gobierno central en Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha propuesto el diseño y ejecución de un plan de intervención que permita, con la colaboración de Endesa si fuese necesario, identificar todas las viviendas en las que se realiza la actividad delictiva dedicada a plantaciones de marihuana en el interior de viviendas y proceder a su desmantelamiento, tanto de las plantaciones, como de las instalaciones asociadas al cultivo (elementos de iluminación, calefacción, refrigeración y cableado eléctrico) que sirven de apoyo al cultivo y constituyen el principal factor de incidencia en la red eléctrica.
También que las actuaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ejecución de dicho plan de intervención tengan el debido seguimiento en el tiempo para comprobar que las viviendas no vuelvan a albergar plantaciones de marihuana. Por último, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantengan una función de acompañamiento de los técnicos de Endesa y de los inspectores de AVRA en su labor de vigilancia y control sobre el uso indebido de viviendas protegidas pertenecientes al parque público.
A AVRA, el Defensor del Pueblo andaluz ha planteado que desarrolle una regulación y control del parque público, además de planes de inspección específicamente dirigidos a intervenir en las viviendas públicas que se destinen a plantaciones ilícitas de marihuana y evitar nuevas ocupaciones o nuevos usos fraudulentos; y que inspeccione las viviendas públicas en las que se producen enganches ilegales al suministro eléctrico a fin de comprobar que mantienen unas condiciones de uso y habitabilidad conforme a las normas, especialmente por lo que se refiere a sus instalaciones de uso común y, en particular, las instalaciones eléctricas.
A la Dirección General de Energía, el Defensor ha pedido que impulse la realización en todas las zonas donde se produce en mayor medida este problema de los cortes reiterados y prolongados de luz, una auditoría externa para conocer el estado real de las redes eléctricas y de todas las instalaciones y equipamientos que intervienen en el suministro eléctrico. En función de los resultados obtenidos en estas auditorías, el Defensor ha reclamado que adopte las medidas necesarias para impulsar un plan extraordinario de renovación y mejora de las redes eléctricas de las zonas y barriadas que lo precisen.
A la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Defensor le ha solicitado que impulse ante los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales la actuación de los servicios sociales comunitarios en la búsqueda de soluciones que permitan la regularización del suministro de aquellas personas enganchadas ilícitamente por problemas de pobreza energética que residen en las zonas afectadas por el problema de los cortes de suministro, informe de las posibilidades que ofrecen el bono social y las ayudas sociales, y, en colaboración de la compañía suministradora, solvente el problema que para la normalización de los suministros enganchados conllevan los costes derivados del pago del fluido defraudado a la empresa suministradora, así como los costes de reconexión y los derivados del arreglo de las instalaciones y la colocación de nuevos equipos de medida.
A Endesa el Defensor del Pueblo andaluz le ha planteado que ponga los medios necesarios para que las zonas afectadas por los cortes de luz dispongan de potencia suficiente para que los cortes no se produzcan, y un plan especial y urgente de renovación y mejora de las redes e instalaciones eléctricas existentes en las barriadas y zonas donde se producen los cortes de luz. Asimismo, el Defensor ha sugerido a Endesa que ponga a disposición los medios necesarios para llevar a cabo una colaboración activa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la detección y erradicación de los enganches ilegales y de los destinados a actividades delictivas como el cultivo de marihuana; con AVRA en la detección y regularización de las instalaciones irregulares, y con los Ayuntamientos en la realización de labores de información sobre el bono social eléctrico y para conseguir la regularización de los suministros enganchados y el arreglo de las instalaciones y equipos en mal estado.
Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado estas propuestas a la Fiscalía para que las tome en consideración, al tiempo que ha pedido una colaboración efectiva con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con las prácticas delictivas vinculadas al cultivo de marihuana, no solo mediante el ejercicio de las oportunas acciones penales, sino también adoptando medidas que ayuden a facilitar la labor policial contra esta lacra e incrementen el efecto punitivo y disuasorio sobre las mafias al encarecer el coste de desarrollar estas prácticas ilícitas en estas zonas.
Entre tanto, a los vecinos de Las Moreras sólo les queda aguantarse y seguir lanzándose a cortar la carretera en protesta de su situación.
