El sindicato UGT Andalucía y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa) han reclamado al Ayuntamiento de Córdoba la recuperación de los restos del sindicalista y militante socialista Manuel Landrove Pouse, que fue fusilado en el Cementerio de la Salud de Córdoba el 3 de septiembre de 1936.
A esta situación se ha llegado, según ha informado UGT en una nota, después de que, a finales de marzo pasado, la asociación memorialista cordobesa Aremehisa "se puso en contacto con Fudepa y con UGT Andalucía", para hacerles "partícipes de los resultados de una larga investigación que realizaron de carácter histórico y documental acerca de Manuel Landrove Pouso, afiliado a la UGT y al PSOE desde su llegada, en 1931 y procedente de Cuba", a la capital cordobesa, donde fue "asesinado" por los franquistas al inicio de la Guerra Civil.
Tras la investigación de Aremehisa, "salió a la luz que los restos mortales de Manuel Landrove fueron enterrados por su viuda, una vez pudo recuperarlos tras su fusilamiento, y se encontraban en la sepultura número 10 del cuadro San Ramón del cementerio de la Salud de Córdoba", si bien "sus restos fueron exhumados en la intervención arqueológica llevada a cabo en esa sepultura en el año 2019, encontrándose actualmente en el Cementerio de la Fuensanta de Córdoba, custodiados legalmente por el Ayuntamiento de Córdoba".
Por este motivo, el pasado mes de abril, desde UGT Andalucía y Fudepa se pusieron en contacto con el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), indicándole que se ponían "a su disposición a fin de que nos facilitara el procedimiento para llevar a cabo la recuperación de los restos mortales y la identificación genética de nuestro compañero Manuel Landrove Pouse, con el objetivo de ofrecerle una digna sepultura, en base a la filiación sindical que mantuvo antes y en el momento de su detención y asesinato, debido al interés legítimo" que tiene UGT, "como familia ideológica" del sindicalista.
La petición de UGT Andalucía y Fudepa al Ayuntamiento de la capital cordobesa "está basada reglamentariamente en el artículo 18 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en el que se recoge que las actividades de localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas requerirán de la previa autorización administrativa, añadiendo que, además de los familiares y asociaciones memorialistas, podrán personarse en esta solicitud cualquier otra persona o entidad que acredite un interés legítimo para la petición y desarrollo de esta autorización administrativa".
SIN RESPUESTA AÚN
Por tanto, atendiendo a "la documentada afiliación a UGT de Manuel Landrove y siendo víctima reconocida, según el Título I, artículo 3 de la Ley 20/2022, como persona fallecida o desaparecida a consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista", UGT y Fudepa hicieron "por escrito la reclamación de sus restos mortales al Ayuntamiento de Córdoba", pero, "tras varios meses de espera, no hemos recibido ninguna respuesta al respecto, habiendo hecho caso omiso el alcalde".
Desde UGT han señalado que su petición, "no solo no ha sido atendida, a fin de poder reparar después de 87 años la memoria de este sindicalista, sino que, como viene siendo la tónica habitual del PP, todo lo relacionado con nuestra memoria histórica y democrática no tiene ningún valor e importancia para dicho partido, y no tiene ninguna intención de cumplir lo establecido en la Ley estatal y en la Ley de Andalucía, demostrando de este modo que no les importa resarcir el gran daño ocasionado a las personas que se opusieron al golpe de Estado y la dictadura, tan solo por pensar diferente y defender la libertad".
Por eso, desde UGT Andalucía y Fudepa se han reivindicado "los tres derechos establecidos por Ley, es decir, el derecho a conocer, el derecho a investigar y el derecho a una reparación plena, ninguno de los cuales han sido garantizados ni llevados a la práctica por los actuales gobernantes del PP, tanto en Córdoba, como en Andalucía".
"No se trata de una revancha, tal y como algunos dirigentes políticos manifiestan, sino que se pretende recodar a todas las personas que fueron contrarias al golpe militar franquista y la posterior dictadura, entre ellas nuestros compañeros de UGT, sindicato que fue prohibido y duramente represaliado", hasta el punto de que muchos de sus dirigentes y afiliados "tuvieron que huir o fueron encarcelados y asesinados".
En consecuencia, "negar o hacer caso omiso del derecho a las víctimas del franquismo a recuperar los cuerpos de familiares y amistades, a recuperar legalmente la dignidad que les arrebataron consejos de guerra y tribunales de represión, es contrario a la defensa de los derechos humanos y los valores reparadores de la justicia. Además, la memoria histórica democrática es necesaria para no repetir las atrocidades pasadas".
