PROTESTA ANTE LA SUBDELEGACIÓN

El PP acusa a Pedro Sánchez de inventarse la "financiación pirata" con el Decreto de remanentes

Se va a pedir la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "para que explique los pormenores de este atropello"
Concentración de alcaldes y cargos del PP ante la Subdelegación
photo_camera Concentración de alcaldes y cargos del PP ante la Subdelegación

Una veintena de alcaldes y cargos públicos del PP se han concentrado esta mañana a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba para protestar por el "acto de financiación pirata" que supone el Real Decreto sobre remanentes de los ayuntamientos que se quiere aprobar en el Congreso la próxima semana.

El vicesecretario general del PP en Andalucía, Antonio Martín, ha informado de que este acto se está llevando a cabo en todas las provincias andaluzas con la intención de "denunciar la tropelía política de Pedro Sánchez (presidente del Gobierno) al usurpar el dinero que los ayuntamiento han ahorrado con tanto esfuerzo".

Además, se ha llevado a cabo con el uso de una "estratagema inconfesable", en el sentido de haber puesto al servicio del PSOE la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con un acuerdo que "ni siquiera los propios alcaldes socialistas comparten por ser malo para los ciudadanos", ha indicado Martín.

Financiación "pirata"

En tono irónico, Martín ha señalado que hay varios tipos de financiación, desde la estatal a la autonómica, pasando por la local, pero "Pedro Sánchez ha creado la financiación pirata, según la cual ¿para qué pedir dinero a un banco para financiar el Estado si directamente se lo podemos quitar a otras administraciones?".

El vicesecretario general ha puntualizado que el Gobierno ya se ha apropiado "por la cara" de dinero para los andaluces, como han sido los 534 millones de IVA, los 201 millones de enero para formación de empleo, los 75 millones de financian extraordinaria para atender a los menores no acompañados o los 800 millones del primer reparto de las ayudas para afrontar la crisis del Coronavirus.

Frente a eso, "es necesaria una protesta generalizada", por lo que desde el PP se va a pedir la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "para que explique los pormenores de este atropello"; se va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional "por invasión y abordaje a la autonomía local y al derecho de decidir los alcaldes cómo usar el dinero", y también se están presentando en los consistorios andaluces iniciativas como la que se aprobó ayer en el Pleno extraordinario de la capital cordobesa.

Papel de "vergüenza"

Martín ha rematado su intervención destacando la "vergüenza que supone el papel del PSOE andaluz y su líder, Susana Díaz, que han quedado como simples aplaudidores de Pedro Sánchez en su maltrato a Andalucía".

Por su parte, el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, ha destacado que los alcaldes presentes "representan a casi el 60% de los habitantes de la provincia", y ha apuntado que "tiene que pararse ese Real decreto y retirarlo el Gobierno de España, porque han conseguido algo histórico, como dice el PSOE, que es ponernos de acuerdo a todos los partidos, menos a algunos del PSOE, puesto que también hay alcaldes socialistas que están en contra de este decreto".

Y es que, ha agregado, "esto es una usurpación de competencias y un atraco a mano armada a los ahorros de los vecinos en los ayuntamientos", de ahí que haya insistido en que "retiren este decreto", dado que "no pueden ir en contra de todo el mundo", ha abundado el popular, para reclamar que "vuelvan a los consensos de la FEMP, que son los que rompieron ellos mismos de manera unilateral".

Concentración de cargos y alcaldes del PP ante la Subdelegación

No obstante, Molina ha precisado que "es un acuerdo entre una parte de la facción socialista del Gobierno de España con la facción socialista de la FEMP, no con un órgano que debería representar a todos los municipios y a todos los alcaldes".

Intervención de Bellido

Mientras, el alcalde de la capital cordobesa ha declarado que "lo que piden los alcaldes de todos los partidos es que se acabe este sin sentido, porque no se puede legislar en contra de los ayuntamientos para los ayuntamientos".

Según ha expuesto, "cuando se toman decisiones y hay una unanimidad de los alcaldes de todos los partidos, salvo del partido que tiene la principal responsabilidad de gobierno que es el PSOE, ni siquiera de su socio, es que algo se está haciendo rematadamente mal", a la vez que ha resaltado el acuerdo de la treintena de alcaldes de diferentes partidos "para una postura común en representación de otros muchos alcaldes".

También, ha reivindicado el acuerdo de Pleno de este jueves, con tal de que "se retire el real decreto de la convalidación a la que quieren someter la semana que viene en el Congreso de los Diputados, porque no hay una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarlo", al tiempo que "inmediatamente se haga un real decreto exprés que recoja asuntos en los que sí va a haber acuerdo", como que "no se exija el cumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio y el que viene" y que "haya una solución a muchos ayuntamientos que no tienen ningún remanente", entre otras medidas.

En este caso, ha explicado que los consistorios están "asumiendo unos gastos extraordinarios ante una situación extraordinaria", por lo que confía en que antes del día 10 de septiembre "el Gobierno se atenga a negociar, a la realidad que existe hoy en día en los ayuntamientos españoles, y recobre el sentido común en la negociación con todos los partidos políticos".

"Tomadura de pelo"

Y el senador y alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha tachado de "auténtica barbaridad y tomadura de pelo que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer sin diálogo a las administraciones locales de todo el país, que son la barrera de contención y la primera línea de batalla contra los efectos de esta pandemia, tanto desde el punto de vista económico, como social".

Además, ha lamentado que "cuando más falta hace la lealtad institucional y el apoyo del resto de administraciones del Estado, el Gobierno se enfrenta a los ayuntamientos", a lo que ha añadido que "el Gobierno de Sánchez no para de hablar de consenso y de acuerdo y después los hechos demuestran lo contrario, al romper el consenso alcanzado en la FEMP en mayo".