Mientras el PP ha tratado de mostrar cierto aire de normalidad una vez conocido esta mañana que el Juzgado ha llamado a declarar a dos de sus exediles, Rafael Navas y Miguel Reina, en dos casos diferentes de presunta prevaricación administrativa, IU ha sacado las uñas y ha avanzado que piensa colaborar en todo lo posible con la justicia para esclarecer los hechos.
Así, el viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, ha señalado públicamente esta mañana que "entendemos la situación con absoluta normalidad", para añadir que "la tramitación administrativa es muy compleja y ambos explicarán su verdad de acuerdo con los informes técnicos preceptivos". Pero el mensaje final es de que "estamos tranquilos" en el seno del partido.
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), aprovechó una comparecencia en la Plaza de la Corredera para indicar que el caso del Alcázar, que afecta directamente a Rafael Navas, primer teniente de alcalde con José Antonio Nieto de alcalde y actual secretario general de Asaja-Córdoba, prácticamente se veía venir. "Desconozco el caso en concreto de Reina, pero la privatización del Alcázar por parte de Navas se presentaba muy mal desde el primer momento", ha señalado.
"Ojipláticos"
Y en este punto, García ha insistido en que en las próximas semanas "se sabrán más cosas del Alcázar, pero algunas de ellas, al conocerlas, nos han dejado ojipláticos", ha abundado sin especificar detalles. En cualquier caso, el también presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de Sadeco ha adelantado que "colaboraremos con la justicia".
Entre tanto, la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), ha señalado, a través de los micrófonos de Canal Sur Radio, su preferencia por el respeto a la espera de lo que dictamine la justicia antes de opinar sobre estos casos. No obstante, sí ha querido señalar que al PP le toca dar las explicaciones oportunas, aunque, al igual que Pedro García, ha advertido que no todo olía bien en el Ayuntamiento cuando el cogobierno aterrizó tras las pasadas elecciones de mayo.
Tal y como ha avanzado este periódico, la CTA fue la que ha dado a conocer esta situación tras sendas denuncias de su secretario general, Francisco Moro, que han sido admitidas y que serán investigadas por el Juzgado de Instrucción número 6. En el caso de Miguel Reina, al detectarse indicios de una posible ilegalidad en varios contratos formalizados por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO), "al entender que se había producido un fraccionamiento en la contratación con el despacho de abogados Cuatrecasas, con el fin de eludir lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público". En el caso de Navas, la denuncia se refiere a la gestión realizada por el equipo de gobierno popular en el Alcázar de los Reyes Cristianos.
