Un Pleno extraordinario muy previsible el de esta mañana en el Ayuntamiento de Córdoba, en el que la propuesta conjunta de PSOE, IU y Podemos Córdoba para que el Consejo Consultivo de Andalucía se pronunciara sobre la posible nulidad de las ordenanzas fiscales, en vigor desde el día 1 de enero, fue rechazada con los votos en contra de PP, Cs y Vox, frente a los favorables de los instigadores de esta sesión extraordinaria.
Fue un Pleno árido, cargado de reproches, en los que salieron a la luz situaciones de gobiernos anteriores para tratar de demostrar que en el Consistorio cordobés nadie se puede arrogar el papel de no haber incumplido alguna vez la normativa pertinente, como, en opinión de los tres partidos de la oposición de izquierdas, ocurre en esta ocasión.
La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, presentó los motivos de la propuesta en el sentido de que las ordenanzas fiscales de 2020 se aprobaron, "sin el preceptivo informe de Intervención", además de que 15 de las 22 alegaciones presentadas "no han obtenido respuesta". Un ejemplo, más, en palabras de Ambrosio, de que en el Ayuntamiento se trabaja "sin seguridad jurídica y sin transparencia, como ha ocurrido con la posible incompatibilidad de uno de los miembros del Pleno, el ultimátum a la excelente del Imdeco o la del gerente fantasma del Imgema".
Ambrosio ha asegurado que ese informe ausente "es necesario por ley". Y, de hecho, se solicitó al secretario del Pleno, Valeriano Lavela que elaborara, a su vez, un informe para saber si todo lo que se había tramitado se había hecho conforme a derecho, pero su respuesta no fue la que deseaba oír la oposición por las dudas que planteaba el propio secretario acerca de su papel en todo este asunto.
Para Podemos Córdoba, a través de Juan Alcántara, la sorpresa de la abstención del secretario para no extralimitarse en sus funciones es aún mayor, ya que reconoce "nuestro derecho de imponer recurso ante el TSJA y prácticamente nos lo ponen a güevo, como se dice". Podemos también ha recordado que la falta de respuesta a alegaciones ha hecho que tribunales en otras comunidades anularan las ordenanzas fiscales ya aprobadas como ha ocurrido en Oviedo, Madrid, "en 2017, donde un concejal del PP dijo que las formas en democracia son fundamentales", o en Morón de la Frontera.
Entre tanto, Paula Badanelli, de Vox, sin negar los asuntos relatados por Ambrosio en relación a otras actuaciones oscuras del cogobierno, sí ha considerado que las ordenanzas "son correctas y se ciñen a la ley", por lo que si el resto de la oposición no lo considera así, "que vayan a los tribunales, algo sorprendente que no se haya hecho aún".
También Alba Doblas (IU) ha explicado que si no se ha acudido aún a los tribunales es porque previamente se quería agotar la vía política, de ahí que 13 concelajes del Pleno hayan pedido el citado informe, tal y como les ampara la ley de bases de régimen local en su punto 122.5 apartado E.
En cualquier caso, la portavoz de IU ha lamentado que el pasado 27 de febrero el propio secretario del Pleno, que hoy ha estado ausente por cuestiones médicas, sustituyéndole Luis Soldán, señaló en junta de portavoces que si un tercio de los ediles lo pedían ese informe era preceptivo "y tres horas más tarde presenta un escrito a modo de SOS a la oposición para que preguntemos a un montón de organismo, que sólo le faltaba haber citado a la Guardia Civil, para que determinen si él podía o no emitir informe". En este sentido, Doblas ha recordado que Lavela denunció "presiones por parte del PP en 2014, tal y como salió publicado en El País".
Para el PP, por voz de Salvador Fuentes, quien hizo uso también del tiempo de Cs en el debate cedido voluntariamente, acusó a Ambrosio cuando era alcaldesa de no tener en consideración la opinión de Lavela en tres ocasiones, una de ellas relacionada con la titularidad de la Mezquita-Catedral, lo que le ha llevado a decir que "cuánto cariño le tienen ahora y qué poco entonces".
Fuentes ha asegurado que se ha hecho todo "de forma estrictamente legal" y que los informes del CREA (dos) así como el del jefe del Departamento de la Gestión Tributaria, indican que "no hay reproche jurídico que realizar, ya que se aprobaron todos los requisitos legales tras resolver todas las reclamaciones que tenían en ese momento". Es decir, que todo se hizo "de forma legal, prudente, proporcionado y adecuado".
Frente a eso, el portavoz popular ha culpado a la oposición de izquierdas de querer "tumbar, de forma chabacana y marrullera, la mayor bajada de impuestos en la historia de Córdoba, que supondrá un ahorro de 6 millones de euros en el bolsillo de los contribuyentes".
Como portavoz socialista, propiamente dicha, Ambrosio ha recordado a la bancada de la derecha que tiene dos oportunidades para rectificar la ilegalidad de las ordenanzas. Una, decir que sí a que el Consejo Consultivo de Andalucía se posiciones sobre las ordenanzas o bien que se revise de oficio la tramitación de las ordenanzas. En caso de no acera ninguna de las dos posibilidades "desde el PSOE nos reservamos el derecho de llevar a cabo acciones legales para ver por la seguridad jurídica sin pedir medidas cautelares", ha advertido.
Por cierto que el propio Roldán ha podido ofrecer su punto de vista en el Pleno de hoy y ha dicho que los informes del CREA y de la Gestión Tributaria tienen el "peso suficiente", por lo que no haría falta ninguno nuevo más.
También el alcalde, Jose María Bellido (PP), ha querido dejar claro que "no se han producido presiones de ningún tipo sobre el secretario del Plano".
