La Fiscalía pide hasta diez años de prisión para cuatro acusados, tres varones y una mujer, de delitos contra la Seguridad Social, impago al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y frustración de la ejecución de deudas tras supuestamente causar un perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social por más de 606.000 euros a través de cinco empresas. El juicio se prevé celebrar este miércoles y jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, consultada por Europa Press, como consecuencia de las investigaciones, así como de lo informado por el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, se constata que "existe clara interconexión y sucesión de empresas", con el trasvase de trabajadores.
Así, se detalla que 36 empleados han figurado de alta en la Seguridad Social en tres empresas, otros 62 trabajadores en dos de ellas, de los cuales 22 de ellos han estado de alta también en una cuarta empresa y 32 de los 45 empleados que tenía una de las entidades se han trasvasado a una quinta.
Al respecto, se expone que "los trabajadores eran dados de alta indistintamente en una u otra de las sociedades", manifestando algunos de ellos "no ser conscientes no haber trabajado en las empresas" del primer acusado, que "resulta ser el responsable de hecho de todas las sociedades y era quien ponía en contacto a las diferentes empresas para cualquier servicio u evento, siendo el segundo escalón de mando y dirección del entramado de empresas una acusada".
También, "se comprueba la coincidencia de actividad y objeto social de las mencionadas mercantiles según la Tesorería General de la Seguridad Social, confusión de patrimonios sociales, prestaciones laborales indiferenciadas, apariencia unitaria externa, coincidencia en las empresas que figuran como proveedores y clientes de las mercantiles".
Asimismo, el fiscal apunta al "denominador común del ánimo defraudatorio mediante el impago sistemático de cotizaciones en los períodos en los que se ha probado que hubo actividad empresarial en las distintas mercantiles, el incumplimiento de aplazamientos para dilatar los procedimientos mientras las deudas continuaban aumentando, la falta de colaboración con la administración y la creación de nuevas mercantiles libres de cargas".
Además, señala que generaban ingresos "sin hacer frente a las deudas contraídas", y así, "al cambiar a una nueva persona jurídica y crear confusión, ésta deja de ser titular de las obligaciones adquiridas por la empresa a la que sucede, impidiendo de esta forma que se puedan perfeccionar los actos ejecutivos dirigidos al cobro de la deuda de la empresa anterior, eludiendo así su responsabilidad con la Seguridad Social".
En este sentido, el Ministerio Público subraya que todos los acusados actuaban "conjunta y dolosamente defraudar a la administración e impedir la ejecución de los distintos créditos, responsabilidades y obligaciones por parte de la Seguridad Social".
LAS PENAS
En las penas, al principal procesado le piden diez años de cárcel, multas de más de 1,1 millones de euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve años.
Para un segundo acusado el fiscal solicita siete años de prisión, multa de más de un millón de euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años. Y para los otros dos procesados, sendas penas de tres años de cárcel y multas de 5.400 euros.
