El informe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba sobre el incendio en la planta privada de reciclaje y valorización, Recicor XXI, de principios de octubre, confirma que no se cumplía "con las limitaciones impuestas por la Autorización Ambiental Integrada" que le concedió la Junta de Andalucía en su momento.
Así lo han destacado a Europa Press fuentes municipales según las conclusiones del informe que apunta a incumplimientos en cuanto a los plásticos almacenados y la superficie que ocupaban, puesto que la empresa tiene autorización para almacenar 10 toneladas anuales de residuos y la superficie quemada es de unos 25.000 metros cúbicos.
En este sentido, el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Córdoba, Francisco de Paula Algar, ha comentado esta mañana que en la Junta todavía no han recibido el informe del SEIS, al tiempo que "se está investigando y recabando información", ha subrayado.
Permiso para plásticos
Mientras, el representante del gobierno regional ha asegurado que la planta de reciclaje tenía autorización para plásticos, si bien se investiga "si ha habido incumplimientos que pudieran haber influido o ser la causa del incendio", ha agregado, para remarcar que "si hubiera algún otro material que no tuviera autorización también sería objeto de sanción en su caso".
Cabe señalar que el incendio se produjo el día 8 de octubre en la citada planta de reciclaje de plásticos ubicada en la A-3051 kilómetro 9, la Carretera de Guadalcázar, en el término de la capital cordobesa, y los bomberos estuvieron en la zona unos cuatro días, tras finalizar el sellado de la montaña o talud de residuos que ardieron, principalmente una acumulación de plásticos y cartones.
Al respecto, según los datos disponibles en la Red de Vigilancia de Calidad del Aire de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, "no se registraron superaciones de contaminantes de calidad del aire que sean merecedoras de mención en las zonas de pobladas del entorno de la empresa Recicor XXI".
"Deficiencias"
La empresa tiene Autorización Ambiental Integrada desde el año 2009 y se realizaron modificaciones sustanciales en 2013. En mayo de 2016 se realizó una inspección a la empresa por parte de técnicos del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dentro de la programación prevista del Plan de Inspección Ambiental, en la cual se detectaron "algunas deficiencias".
Dicha empresa presentó escrito de subsanación, emitiendo la Delegación Territorial informe al respecto, y se publicó un resumen del mismo en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, "ya con las subsanaciones de algunas deficiencias". No obstante lo anterior, los trámites administrativos continúan abiertos.
No obstante, desde la Junta han aseverado que el incendio que se ha producido "no tiene relación causa efecto, a priori, con las deficiencias detectadas en la inspección realizada en mayo de 2016", aunque se realizan las investigaciones oportunas por parte de los técnicos de la Delegación Territorial para esclarecer lo ocurrido.
La planta del Grupo Barea está ubicada en el cortijo 'La Conchuela', a la altura del kilómetro 9 de la carretera N-3051, y en 2015 recibió el Premio a la Descontaminación que otorga la Asociación Española de Eemolición, Descontaminación, Corte y Perforación (Aeded). Según se indica en su página web, Recicor ofrece el servicio tanto de recogida con sus propios medios en las instalaciones del cliente, como la recepción en sus instalaciones donde, como gestor final, se hace cargo de cualquier tipo de residuo.
Para ello, dispone de instalaciones "perfectamente adecuadas para la gestión, valorización y eliminación de residuos peligrosos como no peligrosos", con la maquinaria más avanzada para el reciclaje, y "siempre cumpliendo las normativas y con las máximas prestaciones"
De igual modo, indica que el centro obtuvo la Autorización Ambiental Integrada mediante resolución de la Junta el 26 de enero de 2009, además de que los residuos gestionados han de ser caracterizados y clasificados previamente siguiendo la normativa europea.
