POLÍTICA MUNICIPAL

Hurtado critica la "morosidad estructural" del Ayuntamiento que no paga a proveedores según ley

En los cinco primeros meses, publicados por el Ministerio, el periodo medio de pago ha sido de 32,43 días en enero, 47,14 días en febrero, 45,55 días en marzo, 53,52 días en abril y 52 días en mayo
Antonio Hurtado. FOTO RAFA MELLADO SENIOR
photo_camera Antonio Hurtado y Carmen González en el Pleno ordinario de julio FOTO RAFA MELLADO SENIOR

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha puesto de manifiesto este martes que el Consistorio cordobés "no paga a sus proveedores conforme marca la ley" por lo que "incurre en una morosidad estructural".

En este sentido y en una nota, Hurtado ha expuesto que, "en lo que va de año, y según los datos publicados en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Función Pública", el Ayuntamiento de Córdoba "ha incumplido en todos los meses del presente año con el plazo máximo de 30 días establecido por la ley para pagar a los proveedores".

Así, ha aseverado que "en los cinco primeros meses de este año, publicados por el Ministerio, el periodo medio de pago ha sido de 32,43 días en enero, 47,14 días en febrero, 45,55 días en marzo, 53,52 días en abril y 52 días en mayo", lo que ha considerado "un problema grave de gestión administrativa, puesto que el Consistorio no tiene problema alguno de liquidez".

Al respecto, Hurtado ha agregado que "muy al contrario, el Ayuntamiento de Córdoba dispone de mucha liquidez en las cuentas bancarias, superándose los 177 millones de euros de media y puede y debe pagar en tiempo y forma a sus proveedores".

Con relación al año 2022, ha afirmado que "el Ayuntamiento de Córdoba solo cumplió con la ley en tres meses, que fueron los de junio, noviembre y diciembre, mientras que el mes del pasado año que más morosidad tuvo fue febrero con 50,92 días, datos que evidencian "una morosidad estructural de la institución municipal".

El portavoz socialista ha afirmado que "la mejor contribución de una administración pública con sus proveedores y empresas es que las facturas por la compra de bienes o la prestación de servicios se paguen en tiempo y forma en vez de lo que está ocurriendo, lo peor para nuestras empresas, y es que el Ayuntamiento incurra en morosidad y las facturas emitidas se demoren en el pago".