La empresa Eventos Califa SL, que había organizado el 'Crazy Winter Festival', para congregar el pasado 11 de febrero a unas 5.000 personas en el recinto de El Arenal, ha presentado una "querella criminal" contra el concejal de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), por denegarle el permiso para celebrar este evento a pocos días de que tuviera lugar, si bien en el escrito de la denuncia se indica que la querella se ampliará "contra cualesquiera otras personas que puedan surgir a lo largo de la investigación, como presunto autor de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal".
Y es que el querellante, que se dedica a la realización de eventos de todo tipo, asegura haber solicitado una licencia para la autorización de un evento musical, que tendría lugar en una parcela suya "alejada del casco urbano, situada en El Arenal al otro lado de la autovía", donde ya "se han celebrados eventos, y sirve de aparcamiento para la Feria de Nuestra Señora de la Salud". En primera instancia, la idea era celebrar allí un festival de música el 24 de septiembre de 2022, entre las 14.00 y las 02.00 horas y obtuvo permiso para ello.
Según el escrito de la querella, que ha avanzado la Cadena SER, ese evento se celebró ese día, "sin ningún tipo de incidencias"; es más, "el presidente de la Gerencia de Urbanismo llamo telefónicamente a uno de los representantes de la empresa organizadora para felicitarle por lo bien que había salido todo".
El éxito de esa primera experiencia llevó a la empresa a solicitar autorización para otro concierto de música electrónica denominado 'Crazy World' para el 11 de febrero pasado. La solicitud de la autorización fue presentada en la GMU el 19 de diciembre de 2022. Desde la GMU el 27 de enero se requirió a la empresa aportar documentación en el plazo de 10 días a fin de autorizar el evento.
Cinco días antes del concierto, la jefa de la Oficina de Actividades del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo remitió un correo electrónico en el que se indicaba que "ya tenemos informe técnico favorable. Estaba esperando que el secretario informara la hora y ha contestado que hasta las 4 como el año pasado. ya podéis aportar el resto de la documentación administrativa. Avísame, por favor cuando lo presentéis". Poco después de eso, el mismo día, la empresa recibe otro requerimiento de más documentación para la autorización del evento.
Como todo apuntaba a que no iba a haber ningún problema y faltaba sólo una semana, los querellantes comenzaron a centrarse en la organización definitiva del evento, es decir contratación de personal, infraestructuras y venta de entradas. Y a sólo dos días del concierto, la GMU deniega la autorización "sin una razón legalmente admisible y contraria a la legislación sobre esta materia", según el texto de la denuncia De hecho, el día 8 de febrero se manda una dotación policial al recinto para impedir que se sigan montando las carpas, el escenario y las infraestructuras propias para este espectáculo.
La resolución de Gerencia se indica que "no se considera idóneo el lugar previsto por la organización de tal evento para su celebración", alegándose que hay informes de la Policía Local y Nacional en los que se advierten de varias incidencias que afectaron gravemente a la seguridad vial y seguridad ciudadana en el concierto celebrado en 2022. Según la querella, esos informes "no existían con anterioridad a esta solicitud, ni consten en el expediente administrativo, ni se tenga constancia de ellos en la Gerencia de Urbanismo a la fecha de la denegación".
Igualmente, se alega para la suspensión del evento la coincidencia de la celebración del concierto y el partido de futbol que haría que concurriera mucha gente en el mismo espacial. No obstante, la fecha del partido se había notificado con posterioridad a la celebración del concierto y en la Gerencia no se tenía previsto este dato.
Por tanto, en opinión de la empresa, la Gerencia ha procedido a suspender el concierto sin argumentos legales para ello. La empresa ha solicitado a la GMU en varias ocasiones los informes policiales sobre el primer concierto sin que se les haya dado traslado.
Finalmente, el teto indica que "la arbitraria e injusta resolución administrativa" ha causado a la empresa "innumerables perjuicios económicos, propiciados por el proceder del presidente de la Gerencia de Urbanismo, así facturas pagadas de montaje de carpas, escenario, decoración, logística y mas de 5.000 entradas vendidas. Lo que ha supuesto una perdida de 150.000 euros aproximadamente, sin perjuicio de su acreditación documental y cuantificación definitiva en su momento oportuno.
Se acusa a Salvador Fuentes de prevaricación, lo que le podría acarrear, según el contenido del texto, una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a 15 años".
