El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, ha participado esta mañana en el Pleno Ordinario correspondiente a octubre del Ayuntamiento de Córdoba, con motivo del debate sobre las ordenanzas fiscales para 2026, y ha criticado ante los capitulares que por muchos dictámentes que el Consejo elabore y presente al Consistorio en esta materia "no somos capaces de que sean atendidas". Y lo "más grave" al respecto, en su opinión, es que "no se nos contestan por escrito si hay cuestiones técnicas o legales que lo impiden, o si es por decisión política".
Esas recomendaciones, en palabras de De Gracia, suelen mostrar "incoherencias o contradicciones" con otras políticas que se dicen defender desde el gobierno local, y se llevan a cabo gracias a un mecanismo de negociación en el que los técnicos "simplemente se sientan, escriben, guardan el cuaderno y la ordenanza sin que haya aportaciones y obteniendo nosotros el silencio por respuesta".
El presidente del CMC en su intervención ha puesto cuatro ejemplos sobre injusticia fiscal en la capital cordobesa, el primero de los cuales alude al callejero fiscal, en coincidencia con lo que opina el Consejo Social. Así, por ejemplo, en la política de limpieza la tasa de recogida de basura en Alcalde Sanz Noguer (Ciudad Jardín) es de nivel 3, lo mismo que en la calle Anastasio Relaño, en el Vial; la calle María Teresa de León, en el nuevo barrio de Nuevo Poniente, en crecimiento; y en la zona de las islas o en Arroyo del Moro. "¿Cuál es la diferencia, entonces, entre un barrio que está decreciendo y que necesita apoyo como es Ciudad Jardín a este nivel? ", se ha preguntado.
En materia de Actividad Económica y otras tasas pasa otro tanto de lo mismo: Alcalde Sanz Noguer y Anastasio Relaño, nivel 2 (el segundo más alto). Mientras que María Teresa de León es nivel 5 y en las islas y Arroyo del Moro es nivel 6. "No nos parece justo; no quiero que paguen más los de las islas, pero Ciudad Jardín, con su nivel de bajada económica y cierre de comercios, hay una injusticia fiscal evidente".
Saltando al Casco Histórico, donde funciona un Plan de Gestión y hay un Plan de Protección, hay igualmente injusticia fiscal, en relación a las instalaciones turísticas, "que algunos entendemos que no puede haber más e, incluso, hemos dicho que vamos a parar las viviendas turísticas". Según De Gracia, "no puede haber bonificaciones fiscales en la inmensa mayoría del Casco Histórico, con un nivel 7, al ser el más bajo de la ciudad, al mismo nivel que las barriadas de exclusión, ya que quienes se benefician de ello son los negocios turísticos.
Frente a eso, con las bonificaciones fiscales existentes para edificios protegidos, los comercios que están en uno de sus bajos ya no pueden acceder a ayudas y rebajas del IBI, pero "se favorecer las instalaciones turísticas".
Otro ejemplo son las viviendas irregulares y el plan de adaptación al cambio climático. En colaboración con el Catastro, el Ayuntamiento decide que esas viviendas tienen que pagar el IBI urbano, pese a no tener servicio urbano en su mayoría, y no pueden acceder a las bonificaciones fiscales para instalar paneles solares. Eso, según el presidente del CMC, ocurre en Cuevas de Altázar, en Villarrubia, que ya es 100% urbana, y donde se han gastado "un millón largo de euros para legalizarse" y ahora están pagando su urbanización. Al no estar regularizadas no pueden poner paneles solares.
"¿No podría hacerse diciendo que la vivienda está en condiciones, con un informe de habitabilidad, como ya ocurre para que te den un AFO? Pues no, se les exige tener licencia y primera ocupación", se ha lamentado en su disertación.
Algo parecido ocurre, según él, con los planes especiales, en los que ya se ha avanzado con tres nuevos. Aquí, lo primero que tienen que hacer en los planes especiales es pagar la tasa, sin saber si el desarrollo del plan va a ser positivo. En este caso, la propuesta del CMC presentada por escrito es que se haga un pago fraccionado, una parte de la tasa al principio, para iniciar el procedimiento, y otra cuando acabe, "si es que acaba".
El último caso que ha puesto sobre la mesa en el Pleno es la rebaja nueva a los veladores, y es la misma para un bar que subiste con cuatro mesas que para otro que tiene 40. Frente a eso, si en un barrio se instala un pequeño espacio para vender unas cervezas, refrescos o bocadillos acompañando a un evento vecinal, se indica que tiene ánimo de lucro "y tenemos que pagar una tasa".
