CCOO, CSIF y UGT han exigido al Gobierno en una concentración celebrada esta mañana en el Hospital Reina Sofía de Córdoba que reconozca la capacidad de la prescripción enfermera y que suspenda cautelarmente el Real Decreto de 23 de octubre sobre esta cuestión, un decreto que piden que se modifique porque no cumple las expectativas de la profesión.
De hecho, las tres centrales sindicales allí concentradas han advertido que en cuanto el Real Decreto que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy salga publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se impugnará, entre otras cosas, porque “no se ha contado con los representantes legítimos de los trabajadores que son los sindicatos y que sabemos que los profesionales están suficientemente preparados con la carrera y los grados”, en palabras de Eduardo Almeda, secretario de Sanidad de CCOO.
Las tres centrales sindicales concentradas han acordado impugnar en el ámbito judicial el RD de 23 de octubre sobre la prescripción enfermera autónoma en el momento que se publique en el BOE y entre en vigor, solicitando la suspensión cautelar del mismo, así como impulsar todas las medidas necesarias para conseguir que la enfermería desarrolle todas las capacidades y competencias inherentes a su formación.
CCOO, CSIF y UGT se han posicionado siempre a favor de la prescripción enfermera porque supone una mejora sustancial en la prestación sanitaria, facilita la accesibilidad, a la vez que posibilita un uso más eficiente de los recursos humanos y, por otro lado, es una forma de acabar con la inseguridad jurídica de estos profesionales.
Desde hace años, enfermeras y enfermeros han estado indicando productos sanitarios, asesorando sobre su uso y evaluando efectos secundarios e interacciones, demostrando su alta cualificación y preparación técnico-científica y aportando a la sanidad pública un servicio de calidad, rápido y eficaz. Como ocurre en la evolución de todas las organizaciones sociales la práctica va por delante de la regulación, que suele sancionar aquello que socialmente está asumido.
Por ello, las tres centrales sindicales han acordado exigir al Gobierno que modifique el Real Decreto para garantizar la prescripción enfermera autónoma; que elimine del mismo el requisito previo de la formación adicional, ya que la acreditación para la prescripción viene determinada por el proceso formativo, avalado por el Ministerio de Educación, a través de las titulaciones oficiales y que no se discrimine a las enfermeras y enfermeros con respecto a otros profesionales de similar formación, a los que ni se les exigió, ni se les exige formación adicional alguna.
Asimismo, piden que se rectifique la composición de la Comisión de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, otorgando un mayor protagonismo a los y las profesionales encargados del uso de los mismos en la actividad asistencial, que se negocie con las organizaciones legitimadas y en el Ámbito Negociador del Sistema Nacional de Salud cualquier modificación que pretenda realizar y que se cierre el conflicto que ha generado entre el colectivo de personal médico y el de personal enfermero, que sólo va en detrimento de una asistencia sanitaria de calidad.
De igual modo, las tres organizaciones sindicales han impugnado el llamado “Pacto por la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)” firmado por el Ministerio de Sanidad con el Consejo General de Enfermería y con SATSE por invadir competencias del Ámbito Negociador del SNS.
