La Junta de Gobierno Local (JGL) ha aprobado este lunes la revisión de oficio y el envío a la Fiscalía de un nuevo contrato de la Delegación de Infraestructuras, así como de las facturas que había generado, después de que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba haya emitido un informe en el que avisa de posibles "irregularidades". Dicho contrato, de gestión de alarmas en colegios públicos y edificios, fue firmado por el exdelegado del área, David Dorado, y la empresa Eulen, pero, sin embargo, no existe "ningún expediente de contratación".
Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el teniente de alcalde delegado de Gestión, Infraestructuras y Medio Ambiente, Antonio Álvarez (Cs), quien ha afirmado que este asunto, "en principio", no tiene "nada que ver con los temas que actualmente se han judicializado en relación a Infraestructuras y a los años anteriores".
Igualmente, ha expresado que dichas "irregularidades" se han descubierto "gracias al trabajo que se está haciendo en la propia Delegación, tanto por la Dirección General como por la Subdirección General, revisando, vigilando y tomando conocimiento de cada una de la facturas que nos llegan".
Tal y como ha detallado el actual delegado de Infraestructuras, en este caso, las facturas, de "carácter mensual", tenían un importe que "rondaban los 1.000 euros". Dado que el contrato fue firmado en 2020, "el importe que se había pagado rondaba los 75.000 euros", mientras que las facturas bloqueadas alcanzan "casi 25.000 euros". En total, ha resumido Álvarez, el gasto generado por este contrato llega hasta los "106.000 euros".
En este contexto, el Ayuntamiento detectó a finales del pasado año que se estaban pagando dichas facturas sin que hubiera habido "ningún expediente de contratación" y el contrato "no había pasado por los trámites que ordena la Ley de Contratación Pública", sino que "había sido firmado entre la empresa Eulen y el delegado en ese momento, David Dorado", ha señalado Álvarez.
Es por ello que, al entender que se "podría estar produciendo algún tipo de irregularidad", en cuanto a la validez y a que la tramitación de ese expediente "no hubiera sido la adecuada", se puso en conocimiento de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, que finalmente emitió un informe en el que afirma que el contrato "puede contener irregularidades en cuanto a la fórmulas de contratación", motivo por el que, finalmente, "se procede a la revisión de oficio, tanto de las facturas como del contrato", y a su envío a la Fiscalía, por si pudieran "ser constitutivas de cualquier ilícito penal", ha recalcado Álvarez.
Plan contra el cambio climático
Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la aprobación del anteproyecto del Plan Municipal Contra el Cambio Climático de Córdoba, un programa que contiene 80 medidas para mitigar el calentamiento global y fomentar la transición energética y que ha sido elaborado desde el Consejo Municipal de Medio Ambiente con la asesoría técnica de la empresa Considera, adjudicataria del contrato.
El teniente de alcalde delegado de Gestión, Infraestructuras y Medio Ambiente ha detallado que el plan, cuya aprobación inicial espera que se lleve a Pleno en el mes de marzo, se divide en tres bloques. El primero es el que se refiere a la mitigación del cambio climático y apoyo a la transición energética, donde se incluyen medidas para paliar la huella de carbono, medidas para regulación de zonas de bajas emisiones o la instalación de energías alternativas.
El segundo bloque es el referido a la adaptación, en el que han colaborado cerca de 30 servicios del propio Ayuntamiento, adoptando diferentes medidas en materia de turismo, así como en las empresas municipales de Emacsa y Sadeco. Por último, el tercer bloque es el de comunicación y participación, donde se incluyen las actuaciones tendentes a la elaboración del propio anteproyecto, así como a las futuras actuaciones.
