MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA

La Asesoría Jurídica municipal insta al gobierno local a retirar la lápida del general golpista Cascajo

En noviembre de 2022, el senador de Izquierda Confederal Carles Mulet (Compromís) volvió a plantear al Gobierno por qué en el cementerio de La Salud de Córdoba aún pervivía esa gran lápida
TUMBA ALZAMIENTO
photo_camera Tumba el general golpista Cascajo en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud

La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba insta en un informe al gobierno municipal del PP a iniciar los expedientes correspondientes para proceder a retirar el título de hijo predilecto de la ciudad al general franquista Ciriaco Cascajo, cuya acción fue clave en favor de los militares sublevados contra la República en 1936, como así se recuerda en la lápida de su tumba en el Cementerio de la Salud de Córdoba, de titularidad municipal, y a cuya retirada también se insta, por vulnerar la Ley de Memoria Democrática.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales y ha publicado 'Diario Córdoba', señalando que, en dicho informe, el titular de la Asesoría Jurídica Municipal advierte de que el enterramiento del general Cascajo cumple con lo exigido en el artículo 38 de la Ley de Memoria Democrática y apartado 6 del artículo 35, pues no está localizado en ningún lugar preeminente, sino en un cementerio público y, al tratarse de un enterramiento, se pudiera entender que la inscripción tiene estricto recuerdo privado.

Sin embargo, según el letrado, el hecho de que en la lápida se defina al general Cascado como el 'más enérgico y decidido defensor en el Alzamiento Nacional de 1936' puede considerarse "una manifestación de exaltación de los sublevados", prohibida por la Ley.

Respecto a la distinción como hijo predilecto de Córdoba, a la que también se alude en la lápida y que acordó el Ayuntamiento en 1936, hace pensar que "el nombramiento es consecuencia de la intervención que tuvo en el alzamiento militar en la ciudad", con lo que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática, "debiendo el Ayuntamiento adoptar las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de la distinción, al comportar exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar".

En este expediente deberá acreditarse la realidad y contenido del acuerdo de nombramiento del general Cascajo Ruiz como hijo predilecto de Córdoba y los motivos por los que tal distinción le fue concedida y, en su caso, formular la propuesta correspondiente para la revisión de oficio o retirada de la distinción, si la misma supone exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la dictadura o hubiese sido concedida con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista.

Defensor del Pueblo Andaluz

Se da la circunstancia de que este informe se ha emitido después de que el Defensor del Pueblo Andaluz volviese a admitir a trámite el pasado junio la denuncia presentada en febrero de 2019 por la asociación memorialista Aremehisa, en la que reclamó "la retirada, tanto de la lápida funeraria, como de las distinciones, medallas, nombramientos y honores concedidos por el Ayuntamiento de Córdoba" al general franquista "Ciriaco Cascajo y a otros militares y colaboradores franquistas implicados en el golpe de Estado de 1936".

Según ha informó en su momento Aremehisa, en base a ello volvió a interpelar al Consistorio cordobés y a su alcalde, José María Bellido (PP), para que "cumpla con la legislación vigente en materia de memoria democrática", y le exigió que "materialice, de una vez por todas, la revocación a Ciriaco Cascajo y al resto de militares, cargos y colaboradores franquistas, de sus medallas y nombramientos como hijos adoptivos y predilectos de la ciudad de Córdoba, así como la retirada de la lápida existente en la sepultura pública de Cascajo en el Cementerio de La Salud, en la que se exalta el golpe de Estado de 1936".

Desde Aremehisa se recordó que se trata de una petición que "ya se presentó en el registro de entrada del Ayuntamiento en mayo de 2018, que se elevó al Defensor del Pueblo Andaluz en febrero de 2019, ante la falta de respuesta, y que ahora se reactiva porque, más de cinco años después, el Ayuntamiento y los distintos grupos políticos que lo han presidido continúan sin hacer nada al respecto, aún a sabiendas de que se está vulnerando la Ley".