El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, considera una pérdida de tiempo que el Ayuntamiento de Córdoba "se entretenga en buscar a los familiares del general Cascajo" para comunicarles la retirada del simbolismo franquista de su lápida y la retirada de la distinción de Hijo Predilecto de Córdoba "porque no los va a encontrar por ninguna vía", según la información disponible por la Asociación Memorialista Aremehisa, quien ha solicitado personarse en el expediente iniciado por el alcalde, José María Bellido (PP), a través de un decreto firmado el pasado 28 de mayo.
En concreto, Hurtado argumenta que el general Cascajo sólo tenía como familia más cercana a sus dos hermanas, Trinidad y Soledad, y un sobrino llamado Jose Porras Cascajo cuando murió en 1953. "Los demás eran familiares de tercer y cuarto grado, sobrinos políticos o primos, que no tendrían caso de existir derecho funerario sobre esa propiedad”, aduce para remachar que las hermanas están ya fallecidas.
Según Hurtado, la sepultura de Ciriaco Cascajo Ruiz fue construida y cedida por el Ayuntamiento de Córdoba a través de un acuerdo a comienzos de mayo de 1953 y ratificada el día 9 de ese mismo mes y año. En el documento de cesión de la sepultura se debería de haber especificado las condiciones en las que se realizó. Ese expediente ha de estar en Cecosam e indicar aspectos relacionados con la cesión, propiedad o tiempo.
El portavoz socialista pide que no se dilate más en el tiempo la retirada de la exaltación del franquismo que aparece en la lápida del general Cascajo y que se elimine por ir contra la Ley de Memoria Democrática. También pide que se le retire la distinción de Hijo Predilecto de Córdoba a este militar franquista, quien proclamó el estado de guerra en Córdoba tras el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Cascajo era coronel, comandante militar de Córdoba y estaba al mando del Regimiento de Artillería Pesada número 1.
Hurtado teme que todo sean justificaciones para dilatar cumplir con el requerimiento del Defensor del Pueblo y espera que el plazo de tres meses de la instrucción del expediente, hasta finales de agosto, sea suficiente para culminar las medidas exigidas y cumplir con la ley de Memoria Democrática.
