Así lo han dado a conocer esta tarde en Córdoba, delante de la Mezquita-Catedral, la parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía, Ana Naranjo (IU), y la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada nacional por Córdoba, Martina Velarde, detallando cómo, mediante dicha PNL, se insta al Ejecutivo andaluz "al inicio inmediato de conversaciones con el Obispado de Córdoba, a fin de acordar una solución que permita el retorno de la Mezquita de Córdoba al dominio público".
Sin embargo, "en el caso de que no sea posible una solución negociada en un plazo máximo de seis meses" desde la aprobación de la PNL, se debe proceder, "por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, a emprender acciones impugnatorias de la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba ante los tribunales de Justicia".
Ése es el sexto punto de la PNL, que incluye como primer punto que el Parlamento de Andalucía inste al Gobierno andauz a que, "en un plazo no superior a seis meses, proceda a inventariar, mediante nota simple, el patrimonio inmatriculado en Andalucía por la Iglesia", creando para ello "comisiones mixtas provinciales, en las que participen las entidades locales y asociaciones patrimonialistas", que ayuden "en la identificación y documentación del patrimonio público objeto de inmatriculación por la Iglesia".
También quieren en Unidas Podemos que el Ejecutivo andaluz, "a su vez, inste al Gobierno de España a elaborar un proyecto de ley, o dictar norma de rango suficiente, que mándate la cancelación de oficio todos los asientos practicados con certificación eclesiástica, por ser nulos de pleno derecho, y que se retrotraiga la titularidad de todos los bienes inmatriculados por ese procedimiento a su anterior situación registral, medida que permitiría sustanciar la recuperación para el dominio público de aquellos que procedan, o a quienes otros correspondan con título fehaciente".
Igualmente se pretende con la PNL que la Junta concierte "convenios de colaboración económica con aquellas entidades locales que, contando con los oportunos informes históricos y jurídicos que acrediten su derecho, acuerden emprender acciones legales para recuperar el patrimonio municipal inmatriculado por la Iglesia".
Además, la propuesta prevé que el Gobierno andaluz, en el ejercicio de sus competencias, "tenga aprobados, en un plazo no superior a seis meses, los planes directores de todas las catedrales de Andalucía, que son obligatorios por la Unesco para todos los bienes Patrimonio de la Humanidad, adoptando cuantas medidas sean precisas a tal fin, para salvaguarda de nuestro patrimonio histórico y cultural".
Esos planes, en palabras de Ana Naranjo, impediría el adueñamiento y los usos indebidos como los que se aplican en la Mezquita, como el hecho de que "estuvo a punto de cambiarse el nombre dejándolo sólo en Catedral y cambiaron su fisoniomía con la Puerta Norte para facilitar el acceso de las procesiones en un intento más de adueñarse de este patrimonio para relacionarlo exclusivamente con el culto católico". En este senido, el siguiente salto que van a dar es que "todos pasemos por el Ovispado para comprar las entradas".
Como quinto punto de la PNL y además del ya mencionado referido de forma específica a la Mezquita de Córdoba, se incluye que el Ejecutivo andaluz "cuantifique y detalle las inversiones realizadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica, entre los ejercicios 1999 a 2020, ambos incluidos".
Tanto Naranjo como Velarde reclaman también que se sepa la cantidad exacta de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, ya que además "de apropiarse y expoliar" todo bien que le interesara, "lo hacían de forma irregular: En algiunos casos en una sola inmatriculación incluían tres o cuatro bienes". Y el ejemplo es Sevilla, donde también incluyeron la Giralda, el Patio de los Naranjos, la propia Catedral y otra parroquia más "en el mismo saco".
Según Naranjo, el remate a todo este procesos de "despropósitos" llegó con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien le dio una vuelta de tuerca más a lo que ya había hecho su antecesor, José María Aznar, con la Ley franquista de los años 40. "El Tribunal Constitucional iba a declararlas nulas, pero para evitarlo y que la Iglesia siguiera manteniendo esas prlopiedades a su nombre, Rajoy modificó la ley, anular las atribuciones por las cuales se podían hacer las inmatriculaciones y se paralizó entonces el procedimiento del Constitucional".
No obstante, la responsable de IU ha recordado que España ha sido sancionada administrativamente, "a modo de buen tirón de ortejas" por la UE por esas inmatriculaciones que se le permitieron hacer a la Iglesia, porque no tenían custodia legal y pertenecían jurídicamente hablando a todos los españoles y las españolas.
Por cierto que desde Podemos se reclama que la devolución de esos bienes se retratraiga a 1946 y se solicita al Ministerio de Cultura, "y ya se ha comprometido a ello", para que haga un inventariado de todo el patrimonio que tenga una raíz religiosa y que sea de todos los españoles y españolas "y no se puede demorar más porque tiene que pasar a manos de las generaciones futuras", ha indicado Velarde.
