El presidente del Partido Animalista Pacma, Javier Luna, y parte del equipo de Córdoba se han trasladado hasta el pueblo de Pedro Abad, situado en la comarca del Alto Guadalquivir, a 35 kilómetros de la capital, para documentar la situación que allí se vive con el matadero de pollos más grande de Andalucía. Está gestionado por la empresa Inasur (Industria Avícola Sureña) y mata a 16,5 millones de pollos cada año.
Inasur es un gigante que factura 60 millones de euros anuales y distribuye a supermercados como Mercadona y Deza. En 2020, fue adquirida en un 40% por el grupo catalán Vall Companys, lo que provocó que su planta de cría e incubación acabase situada en Selva del Camp, en Tarragona, desde donde llegan los animales a las instalaciones de Pedro Abad para morir.
Sin embargo, los vecinos afirman que eso no siempre es así. Las altas temperaturas y el largo trayecto de un punto a o otro, con sus correspondientes paradas, provocan la muerte por estrés y sofoco a una parte los pollos antes de siquiera pisar el matadero.
Los habitantes de Pedro Abad también comentan, según declaraciones recogidas por el equipo de Pacma, que los olores llegan a ser "muy intensos" en determinados momentos. Sin embargo, todo el mundo parece tolerar y aceptar, de una forma u otra, que Inasur haya llegado para quedarse en el pueblo a pesar de sus inconvenientes.
Esta empresa arroja sus vertidos directamente a las más que contaminadas aguas del Guadalquivir con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del río y de la Junta de Andalucía.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, el Partido Animalista se ha desplazado hasta este pueblo para comprobar qué tan "agradable" puede ser la convivencia con un macromatadero, que además tuvo un considerable brote de Covid-19 durante la pandemia por "falta de medidas preventivas", según el sindicato de CCOO de Córdoba.
Pero los habitantes de Pedro Abad ya han sufrido antes las consecuencias de la contaminación en su pueblo y su río: En 2017, más de 46.000 peces, sobre todo los autóctonos barbos gitanos, murieron después de que dos trabajadores de la empresa El Tejar, arrojasen, sin las medidas de prevención y protección necesarias, un vertido de alperujo sobre las aguas del Guadalquivir. Estas atravesaron la provincia y acabaron en la presa de Peñaflor, en Sevilla. La multa fue de 623.000 euros para la empresa, y 900 euros y tres meses de prisión para los trabajadores.
